Una vez más, la paz se ha convertido en un motivo de discordia entre los colombianos, en lugar de unirnos, como debería ser, en torno a su defensa. El debate alrededor de las objeciones que presentó hace una semana el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) no ha hecho sino ahondar las diferencias y arreciar los ataques. ¿Cuándo tendremos unos acuerdos mínimos sobre un tema trascendental para el futuro del país? ¿Habrá posibilidades de llegar al consenso?
Después de que el presidente Duque objetara seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la JEP, sonaron las alarmas sobre un inminente choque de trenes con la Corte Constitucional, un clima de inseguridad jurídica y un inevitable debilitamiento del sistema de justicia transicional, eje central del acuerdo de paz firmado con las Farc. Ahora, la ley deberá volver al Congreso para una nueva discusión sobre los puntos objetados y necesariamente deberá pasar de nuevo por la Corte Constitucional para su revisión.
Ya en la semana nos referimos en este espacio a las muchas inconveniencias políticas e institucionales que estas objeciones presidenciales representan. Empero, ante el complejo escenario que han generado, entendemos que es urgente mirar hacia adelante y tratar de encontrar cómo superar esta coyuntura.
Ya las objeciones se hicieron y esta semana comenzarán su trámite en el Congreso, uno que será, cuando menos, culebrero. Y será así porque precisamente lo que ellas han despertado es una disputa política más que jurídica o institucional, en la que lo que menos parece importar son las seis objeciones presidenciales, dos de las cuales ya resolvió por cierto esta semana la Corte Constitucional. Por eso resulta imperativo que las discusiones legislativas, las diferencias de criterio e incluso las movilizaciones en defensa del acuerdo que se anuncian para mañana estén marcadas por la responsabilidad y el objetivo común de defender la paz, en vez de convertirse en una batalla campal entre los mal llamados “amigos y enemigos de la paz” que tienda a las reivindicaciones y las revanchas políticas.
Las preocupaciones porque las objeciones presidenciales puedan traer consecuencias negativas para el proceso de paz y para la institucionalidad del país no son infundadas. El presidente Duque, al escoger un camino, ese sí, inconveniente, ha casado pelea, así diga lo contrario, con la Corte Constitucional, la rama judicial y la comunidad internacional, y ha abierto la puerta a que la política barata reabra debates que ya creíamos superados sobre un acuerdo de paz que, sí, puede resistir ajustes posteriores, pero a consecuencia de un acuerdo amplio y no mediante imposiciones por la puerta trasera. No son temas menores que deberemos afrontar y cuyas consecuencias son impredecibles.
Transitamos sobre una línea muy delgada en la que resulta difícil creer que el anunciado deseo de unir al país mediante unos ajustes a lo acordado se pueda cumplir. Y, sin embargo, con un país marcadamente dividido en dos y en el que una de esas partes se ha sentido excluida, ese propósito de unidad sigue siendo necesario. ¿Seremos capaces? ¿Estará el Congreso a la altura de dar el debate a las objeciones con esto en mente? ¿Podríamos, a pesar de lo inconvenientes que fueron la objeciones, encontrar puntos de acuerdo que nos acerquen? Y, por sobre todo, ¿es posible hacerlo todo de manera ágil para que víctimas, excombatientes y sociedad en general puedan ver resultados tangibles de lo acordado en La Habana antes de tirar la toalla?
Difícil asentir ante estas preguntas dado el camino de división que las objeciones han planteado; pero valdría la pena intentarlo.
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