Para el Gobierno, ya lo decíamos, la venta de Isagén es una necesidad urgente para atender inmensas obligaciones. Pero la pregunta sobre la conveniencia no se resuelve solamente con criterios financieros; incluso resulta insuficiente el argumento del gran costo de oportunidad que resultaría de no liquidar estos activos, dadas las grandes obras de beneficio general que se pretende financiar con esos recursos. Porque frente al debate público versus privado hay empresas de empresas, en especial si atendemos algunos aspectos sociales y ambientales. Los grandes acueductos, centrales hidroeléctricas o distritos de riego, cuando son manejados por grandes empresas, se constituyen en emprendimientos que requieren una mirada más integral. En realidad se trata de empresas de servicios ecosistémicos territoriales, cuyos balances sociales no pueden ser analizados sólo desde la lógica del negocio. La producción de agua pura, kilovatios/hora o agua para riego implica grandes modificaciones del sistema ecológico. Se represan o trasvasan ríos, se modifican humedales, se conservan mejor las cuencas de captación. Son cambios que generan nuevos balances en el territorio, sobre la disponibilidad y distribución de los bienes de la naturaleza. Hay desequilibrios entre quienes se benefician, así sean grandes mayorías, y comunidades locales de ganaderos, campesinos o pescadores, para quienes el beneficio general no compensa pérdidas en sus sistemas de vida y formas de producción. Equilibrar estas fuerzas económicas y sociales implica en ocasiones aumentar los costos de producción del agua o la energía, asunto que corresponde claramente al Estado, so pena de hacer que estas empresas pierdan competitividad o viabilidad en un mundo mercantil y globalizado. Por supuesto, sobre estos temas existen todavía grandes vacíos de gestión pública y los desequilibrios inherentes a estos desarrollos son todavía sentidos en el territorio como externalidades negativas. Son, por ejemplo, los municipios sin agua pura alrededor del gran acueducto de Chingaza o los pescadores artesanales del distrito de riego de la laguna de Fúquene. También se trata de la gestión de riesgo, que puede afectar la generación cuando aguas abajo de las centrales hidroeléctricas hay inundaciones, como sucedió en la central de Urrá en la pasada ola invernal. Es decir, se trata de beneficios o costos no monetarizados en la operación normal de estos emprendimientos, afines a su carácter territorial. Una adecuada política del territorio debe evitar que estas obras se consoliden como enclaves que aumentan la brecha social. El argumento es que todas esas dimensiones económicas no pueden ser atendidas con suficiencia si sólo se tratara de negocios privados. En una economía verde, como la que propugna el Gobierno, se hace necesario considerar estas grandes obras de desarrollo como parte de un negocio social, que en el territorio demuestra su carácter eminentemente publico. Falta, pues, armonizar la política fiscal y las cuentas urgentes, con la gestión del patrimonio ambiental. Difícil imaginar un crecimiento verde si a la par se siguen produciendo, como en estos casos, pasivos ambientales y sociales. Las empresas de servicios ecosistémicos no deben ser privadas de su carácter publico. ¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.