los medios internacionales dieron a conocer la noticia que prende —de nuevo— el conflicto palestino-israelí en Oriente Medio: dos palestinos armados con una pistola y unos cuchillos irrumpieron en la sinagoga del barrio Har Nof, Jerusalén, y mataron a cuatro personas para luego ser abatidos a tiros por la policía israelí. La cosa está tensa, de nuevo.
Lo que algunos ven como una guerra religiosa (Jerusalén es una ciudad santa para las tres principales religiones monoteístas del mundo), otros lo ven como una eventual Intifada: eso que en árabe significa “levantamiento”, que ha sucedido dos veces en la historia y que se traduce en un alzamiento de los palestinos contra la ocupación israelí, con el baño de sangre acostumbrado en esa región. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que respondería con mano dura a ese brutal asesinato, ya que ellos están en un combate por Jerusalén, su “capital eterna”.
Reprochables los asesinatos de quienes estaban rezando en un templo, por supuesto. Este conflicto de años, por lo general, empieza con los extremistas prendiendo la mecha (ojalá sus pares judíos no respondan con otro acto infame) y la población inocente sufriendo las consecuencias devastadoras que se derivan de ello. Una pelea de nunca acabar.
Mucho más allá de esta realidad, son dos las cosas para analizar de las declaraciones de Netanyahu: lo de Jerusalén primero, esa convicción de que la ciudad santa es suya, alimentada no solamente por convicciones religiosas (la Tierra Prometida por el dios judío) sino sobre todo políticas. Cosa muy distinta ha dicho la historia, sin embargo: tal y como quedó plasmado en un informe de este diario, y de acuerdo con el plan de partición diseñado por la ONU en 1947, Jerusalén debería ser una capital internacional, protegida por fuerzas internacionales. No ha sido así desde la guerra de los Seis Días (1967) en adelante, ante el reproche de la comunidad internacional por cuenta de la violación de la Convención de Ginebra, un puñado de resoluciones de la ONU, la ocupación progresiva de Israel y la lucha de fuerzas entre los actores.
Lo segundo es, por supuesto, la respuesta que Israel pretende darle a esta tragedia. Hay quienes quieren una retaliación concreta y directa. Hay otros, como el mismo Netanyahu, según lo que le oímos decir en la prensa, que piden que el Estado sea quien resuelva las cosas: no deben los civiles acudir a la justicia por mano propia. Ante esto, entonces, como política de un Estado, cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál debe ser la gradualidad de la respuesta? Porque mucha diferencia hay entre la respuesta apasionada de un ser humano y la de una entidad planteada para alejarse de esos impulsos.
El escenario, sin embargo, no suena muy alentador, luego de la operación Margen Protector en la Franja de Gaza: la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó a Israel de que cualquier respuesta debe respetar la ley internacional. Algo proporcional, por decirlo en términos más simples.
Las preguntas sobre lo que sucederá los próximos días en la región quedan abiertas. Pero esta es, sin duda, la oportunidad para dar los pasos correctos: no solamente para aprender de la tragedia sucedida del 8 de julio al 26 de agosto (en respuesta al asesinato, atribuido a Hamás, de tres adolescentes judíos), sino por las implicaciones internacionales que esto tiene. A nadie, ni a Israel ni a Palestina, en ningún escenario, le conviene que las cosas se salgan de madre.