Una de las principales debilidades del presidente Gustavo Petro es su ligereza al referirse a la institucionalidad colombiana. Su declaración del viernes pasado, cuando dijo que “el fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”, no solo es falsa y muestra un desconocimiento de la Constitución que debería sonrojar a cualquier servidor público, sino que les ha dado argumentos a quienes ven con desconfianza su compromiso democrático. En el proceso, el mandatario casa una pelea directa con el fiscal Francisco Barbosa, quien aprovecha la ocasión para reforzar una nada velada campaña política y hacer a un lado las exigencias de su cargo como ente investigador ajeno a la política. En ese choque de trenes y soberbia sufre, una vez más, la institucionalidad colombiana.
El presidente Petro hizo una pregunta importante: “¿La Fiscalía conocía de antemano la lista de la organización a la que pertenecía el Ñeñe Hernández y que contenía los nombres de 200 futuros asesinados y no hizo nada para prevenir los asesinatos?”. Ante una acusación tan grave, el jefe del ente investigador debía aclarar, pero, en vez de concentrarse en el asunto de fondo, encontró otra oportunidad para figurar frente al micrófono. Cuando el fiscal Barbosa respondió responsabilizando al presidente de su seguridad, era evidente que la situación ya había pasado al ámbito personal. Y el mandatario le echó más leña al fuego: “Quien coordina todas las ramas del poder público y les garantiza su autonomía es el presidente de la República”, dijo Petro. A lo que el fiscal de nuevo respondió: “Lo que acaba de hacer Gustavo Petro básicamente es decir que no es el presidente de la República, sino un dictador en Colombia”. ¿Qué hacemos con tanta irresponsabilidad junta?
Empecemos por el fiscal. Llamar “dictador” al presidente por un comentario errado es una muestra de ligereza y un argumento más para creer que el director del ente investigador entró en campaña política. Su interés por figurar como un opositor al Gobierno ha desdibujado el rol de la Fiscalía y afectado su legitimidad.
Dicho esto, el presidente Petro tiene serios problemas de interpretación constitucional. Lo que dijo es falso. Por más que cite el artículo 115 de la Constitución, la estructura institucional colombiana es clara en que la Fiscalía es independiente y el presidente no es su superior jerárquico. Al no reconocer su error, muestra un talante averso a la crítica y es apenas natural que desde ya se prendan las alarmas frente a la selección de la terna de quien, en unos cuantos meses, habrá de suceder a Barbosa. ¿Esperará el presidente Petro lealtad de sus nominados? ¿Buscará, en efecto, ejercer esa función inexistente de “jefe” de la Fiscalía? Una cosa es hacer una pregunta sobre una investigación ante denuncias periodísticas, derecho presidencial y de todos los colombianos; otra, salir a decir falsedades sobre los poderes del Ejecutivo. Solo al día siguiente dijo que “respetará” la autonomía de la Fiscalía, pero después de recibir múltiples críticas.
Las palabras importan, más cuando vienen del presidente de la República y del fiscal general de la Nación. Ambos, más preocupados por imponerse, le están haciendo daño a la democracia colombiana. En el caso particular del primer mandatario, es necesario que ajuste sus conocimientos constitucionales o modere sus ansiedades autoritarias, si no quiere seguir sembrando pánico entre sus gobernados.
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Nota del editor: Al cierre de la edición del periódico de domingo, que fue el viernes 5 de mayo pasado, el presidente no había hecho modificaciones a su declaración. Solo hasta el sábado, después de recibir críticas de alto nivel, emitió un comunicado hablando de autonomía. Se agregó una frase al editorial para reflejar esa actualización.
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