Hay dos debates en el caso que involucra al exsenador Arturo Char. Uno, el más reciente y que no debería llevar a confusiones, es sobre el vencimiento de términos para su retención provisional y la diferencia de opiniones entre un juez de la República y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Otro, el más importante, es sobre las decisiones que está en vísperas de adoptar el alto tribunal con respecto al fondo del asunto. Lo que no se puede perder de vista es que el país necesita saber con exactitud qué fue lo que ocurrió en el entramado de compra de votos en el Atlántico y si el líder político tuvo alguna relación con eso.
El exsenador Char llevaba retenido desde el 7 de septiembre del 2023. Por eso, Carlos Humberto Coy Domínguez, juez sexto penal municipal con función de garantías de Cartagena, decidió ordenar su libertad ante un recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa del político. En palabras del magistrado, “ha transcurrido más tiempo que el señalado por la ley como plazo máximo para calificar el mérito del sumario de la investigación, 120 días, sin que exista pronunciamiento sobre este aspecto jurídico, lo cual configura una vulneración al derecho a la libertad por prolongación ilícita”. Esto contrasta con la postura que adoptó el magistrado Marco Antonio Rueda, de la Corte Suprema, quien había solicitado que no se concediera la medida porque “el término para calificar el mérito del sumario se extendería hasta el 8 de febrero de la anualidad que avanza”. Sin embargo, hubo decisión y al cierre de esta edición el exsenador estaba en libertad.
Esto es preocupante porque el 6 de septiembre del año pasado el alto tribunal tuvo que dictar una orden de captura internacional contra Char por considerar que estaba en capacidad de influenciar la investigación del caso en su contra. Esto, sumado a las tácticas dilatorias que en varias ocasiones ha buscado implementar la defensa del exsenador, deja el interrogante de si su caso caerá en una decisión obstaculizada por la falta de acceso a pruebas. Dicho eso, los derechos fundamentales priman y si un juez de la República consideró que se superaron los tiempos de ley, la libertad era requerida. Lo importante es que el caso continúa.
Sobre eso, la Corte Suprema de Justicia tiene que tomar una decisión de fondo. Esto no es negar la presunción de inocencia del exsenador, pues la sentencia puede ser absolutoria, sino reconocer la importancia de los indicios que hay en este caso. Siempre ha sido muy extraño que la excongresista Aida Merlano sea la única condenada en un entramado de compra de votos que ocurrió en territorio controlado por las familias Char y Gerlein. Merlano lo dice en el libro La costa nostra, de Laura Ardila: “Todos saben que yo soy candidata política de Julio Gerlein y que fui apoyada por Arturo Char y terminé yo… condenada… cuando los verdaderos responsables… están libres”. Si se trata de una gran calumnia contra el exsenador, el alto tribunal tiene que explicar las razones. Lo mismo si, al contrario, hubo en efecto actuaciones delictivas.
El exsenador ha insistido en varias ocasiones en su inocencia y tiene derecho a la debida defensa, lo que no puede ocurrir es que el caso se diluya en leguleyadas. En vísperas de una decisión de fondo, la Corte Suprema de Justicia tiene la palabra.
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