La democracia no es una tiranía que se impone a punta de votos: se trata de una barrera para no aplastar a las minorías. Por eso preocupa que se proponga un referendo que defina si los homosexuales tienen derecho a adoptar, como lo hizo la senadora Viviane Morales.
Ella señala que este es un llamado para los demócratas “que entienden que los grandes temas se deben decidir después de una amplia discusión pública”. El ya fallecido teórico del derecho Ronald Dworkin señalaba, precisamente y para el caso, que los derechos ciudadanos son “triunfos frente a la mayoría”, porque dan a la persona la posibilidad de desarrollarse como le plazca y no como le indique la mayoría. El referendo es un mecanismo útil para controlar a los gobernantes y para generar políticas públicas que atañen a la mayoría. Pero es nefasto si a través de él quieren adjudicarse derechos que, por distintas motivaciones, tienen el veto moral de la sociedad.
Los promotores del referendo dirán que acá no se está discutiendo sobre los derechos de los homosexuales sino los de los niños. Tienen razón: en ese caso, sin embargo, la pregunta no debería referirse única y exclusivamente a los homosexuales: justamente eso deja entrever un sesgo discriminatorio hacia esa comunidad. Cabe recordar, para el caso, que si hay niños para adoptar es, con bastante regularidad, por la irresponsabilidad de las parejas heterosexuales. Cabe recordar, para el caso, que una pareja tradicional puede incurrir en conductas reprochables: abuso, violencia intrafamiliar, explotación laboral.
Olvidan los opositores a la adopción gay que el Ministerio de Salud ha dicho que cuenta con los mecanismos para controlar cualquier irregularidad por parte de los adoptantes sin importar su orientación sexual. Y si un homosexual comete un delito, pues que le caiga todo el peso de la ley. Pero que esto ocurra, precisamente, porque cometió un delito y no por su orientación sexual. Ahora señala el procurador Alejandro Ordóñez que se debe prohibir que estas parejas adopten porque los niños tienen derecho a tener “un papá y una mamá”. Bajo ese criterio debería prohibirse, también, que los solteros adopten, pues una familia con una madre o un padre soltero no concuerda con el prototipo ideal. Quizás es que la sociedad ha avanzado y —como lo señalan el Consejo de Estado y la Corte Constitucional— ya no resiste un concepto tan arcaico y reducido de familia.
En ese caso, lo mejor no es ni una “dictadura homosexual”, como dice el concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, ni tampoco una “dictadura heterosexual”. Lo mejor es una democracia en la que se respeten las diferencias y todos seamos amparados por el imperio de una ley comprensiva. La Iglesia le ha pedido a la Corte Constitucional que respete la Constitución. Quizás olvida que en su artículo 13 señala, puntual e inequívoca: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. Incluyendo a todos: cristianos y moros.