El debate sobre cómo regular los cigarrillos electrónicos parte de un punto ineludible: aún es temprano para sacar conclusiones definitivas por la falta de evidencia médica. Sin embargo, la información que ya está disponible habla de efectos nocivos que deberían enfrentarse con una regulación mesurada.
En Estados Unidos se han reportado 530 casos probables y ocho personas han fallecido por extraños síntomas pulmonares. Esto ha generado que allá se abra el debate sobre cuál es la regulación más adecuada para el vapeo. En Colombia también debe darse prioridad a esta discusión.
Según el Ministerio de Salud colombiano, “son cada vez más probados los daños a la salud que (los sistemas electrónicos de administración de nicotina) generan y ante el aumento exponencial de la comercialización y publicidad de estos en el mercado colombiano (…) la legislación existente resulta ser insuficiente”. Esa ausencia de regulación significa que, en la práctica, los cigarrillos electrónicos se venden en cualquier lugar y sus campañas publicitarias no cuentan con las advertencias restrictivas que sí operan, por ejemplo, con los cigarrillos tradicionales.
El Ministerio de Salud ya anunció que emitirá una circular que permita enmarcar la normatividad en torno a los cigarrillos electrónicos. El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, dijo que el tema “nos preocupa mucho por las altas concentraciones de estos dispositivos y que pueden ser la puerta de entrada al consumo de otras sustancias psicoactivas”.
Si bien estamos de acuerdo en que es necesaria una regulación, porque prima el principio de precaución sobre la salud de los colombianos, las normas que se adopten no pueden ser tan lesivas del libre comercio de un producto cuyos efectos todavía se están determinando.
En ese sentido, el proyecto de ley que se tramita en el Congreso, impulsado por el senador David Name, debería modificarse. La propuesta del parlamentario es que los cigarrillos electrónicos se incluyan en la Ley 1335, que es de antitabaquismo. El problema con esa iniciativa es que asume que el daño producido por vapear es equiparable al del consumo de tabaco en métodos tradicionales. Como ya dijimos, la evidencia científica no está todavía ahí.
Lo que sí está claro es que, como dijo el Ministerio de Salud, “la declaración de que ‘los cigarrillos electrónicos son 95 % más seguros que fumar’ no es cierta”. Seguir vendiéndolos sin advertencia o regulación alguna, especialmente a un público joven que se siente atraído hacia el producto, pues lo considera inofensivo, es irresponsable.
Podemos empezar introduciendo restricciones a la publicidad y a los lugares de venta y, por qué no, incluir advertencias en los productos que se comercialicen. Que el Estado también pueda rastrear la venta de los cigarrillos electrónicos y sus componentes y que la ciudadanía entienda lo que está consumiendo y los riesgos que asume al hacerlo.
Una regulación con precaución sería el primer paso para proteger a los colombianos mientras el debate científico avanza. Cuando haya más evidencias de los efectos de los cigarrillos electrónicos, podremos volver a evaluar la legislación vigente.
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