Puerto Rico vive por estos días los efectos de un inédito huracán político que amenaza con llevarse por delante a su gobernador, Ricardo Rosselló. Tras la publicación de una gran cantidad de mensajes impresentables, que circularon en un chat privado entre el mandatario, algunos de sus funcionarios y otras personas, se produjo una gigantesca ola de indignación. El lunes anterior miles de manifestantes salieron de nuevo a las calles en medio de un paro general que tiene a Rosselló contra las cuerdas. Sin embargo, éste se niega a renunciar.
El tema es mucho más complejo que la mera indignación frente a los comentarios sexistas, homófobos o machistas conocidos con la publicación de cerca de 900 páginas con las conversaciones. En el fondo yace el gran malestar que persiste frente al errado manejo que el actual mandatario dio a los desastres causados por el huracán María, que azotó la isla en septiembre de 2017. Además, se han conocido recientes casos de corrupción que se suman a una crítica situación económica que afecta a la mayoría de los puertorriqueños. Esta explosiva bomba terminó por estallar en las manos del gobernador. El miércoles de la semana anterior más de 100.000 personas marcharon bajo el lema de “¡Ricky, renuncia!”. Reconocidos artistas, como Bad Bunny, Benicio del Toro, René Pérez (Residente) y Ricky Martin, encabezan las protestas.
La gestión de Rosselló en nombre del Partido Nuevo Progresista (PNP) deja mucho que desear. Los desastres causados por el huracán María a su paso por la isla fueron demasiados. Las autoridades locales iniciaron la polémica al sostener durante un largo tiempo que el número fatal de víctimas había sido 64, cuando la Universidad de Harvard las cifró en cerca de 4.000. El mal manejo dado a la atención a las víctimas sobrevivientes, así como a las labores de reconstrucción física, acrecentó el descontento.
Ante la grave crisis económica que ha soportado Puerto Rico en la última década, y tras el paso del huracán, Rosselló declaró la isla en quiebra. Buscaba reestructurar una deuda cercana a los US$70.000 millones. Puerto Rico mantiene una paradójica condición al ser un estado libre asociado de los Estados Unidos. Depende política y económicamente de las decisiones de Washington, pero sus habitantes son considerados, según el propio Rosselló, “ciudadanos americanos de segunda clase por nuestra condición colonial”. Previamente se había constituido una Junta de Supervisión Fiscal (JSF), manejada por Washington, para poner la casa en orden. De hecho, entre sus decisiones estuvieron efectuar recortes que implicaron los inevitables despidos de funcionarios y el cierre de escuelas. El malestar se incrementó.
Lo anterior se sumó a las acusaciones de corrupción contra varios funcionarios y personas del sector privado. Hace un par de semanas, un juez federal acusó a varios de ellos “de conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero”. En abril del presente año habían sido arrestadas por el FBI la secretaria de Educación y la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud. Fue en medio de esta situación de gran desconfianza y descontento que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), una ONG, dio a conocer la investigación realizada sobre la supuesta “red multimillonaria de corrupción” en el gobierno, que tenía sustento en el chat mencionado. En el mismo participaban no solo Rosselló, y funcionarios de su gobierno regional, sino empresarios y personas del sector privado que esperaban beneficiarse de contratos.
Según algunos analistas, va a cambiar la situación interna. Las masivas protestas han dado lugar a un movimiento ciudadano que no tiene color político y que, como en otros lugares de América Latina, pasa cuenta de cobro a dirigentes acusados de corrupción y de manejo ineficiente de los dineros públicos.
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