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Sana competencia

Cuando es el capitalismo la forma que se adopta como modelo económico, es muy importante ponerle cotas al viejo principio de que la “mano invisible del mercado” regula todo con justicia: no lo hace y, de repente, se vuelve otra rueda suelta del Estado.

17 de agosto de 2014 - 10:00 p. m.
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Y no lo hace porque no parten los agentes económicos de las mismas condiciones ni con la misma información. Es importante que una economía goce de variedad de oportunidades y, sobre todo, de productos que se adapten a la situación de cada individuo. Sin ello, no hay tanta equidad en las relaciones entre productores y consumidores, tan importantes dentro de una economía.

De ahí la importancia de una entidad como la Superintendencia de Industria y Comercio, parte integral de la estrategia estatal a favor de la competitividad. Algo que luce desdibujado en un país donde las prioridades están en los temas políticos y los conflictos sociales. Pero su labor es fundamental. No hay un Estado serio sin una economía competitiva con multiplicidad de actores. Sin embargo, desde hace un buen puñado de años, quienes con carácter han ocupado la dirección de dicha entidad han sido tratados con desdén. Dicho en cristiano: es un cargo malagradecido para quienes lo ocupan preservando su misión.

Y es lógico: ¿a qué empresa grande le gusta que se metan con sus estratagemas de negocios sólidos? Sin embargo, por todo lo dicho anteriormente, es más que necesario. Pablo Felipe Robledo es hoy el superintendente y no ha dejado de pisar ciertos callos: por no ir muy lejos en el tiempo, hasta mitad de año las multas a empresas por competencia desleal o violación al derecho de los consumidores ascendían a $130 mil millones, siendo las empresas de telecomunicaciones las que más han recibido sanciones. La empresa de telefonía Claro ha sufrido por partida doble: no solo por multas por la prestación del servicio, sino también al imponerle medidas cautelares por haber recomendado a sus usuarios ver los partidos del fútbol profesional colombiano en páginas de internet, violando los derechos de los titulares de la transmisión.

Y por ir más cerca, la prensa ya ha denunciado el presunto “cartel de los pañales”, indagado a fondo por la Superintendencia: el pliego de cargos que esa entidad formuló contra cinco empresas por la cartelización empresarial para aumentar los precios de los pañales de bebé, un bien de consumo masivo. La investigación apunta a que las compañías, durante más de una década, habrían mantenido una relación cómplice para controlar la producción, comercialización y venta final del producto. Los correos que se encontraron en esta visita apuntan a una serie de sobrecostos que estarían dándose como producto de esta presunta alianza.

Robledo habló con W Radio hace dos semanas e indicó que algunas industrias buscaron contacto inmediato con la SIC, para buscar beneficios por colaboración. Delación: negociar la verdad para bajar la sanción. A dicho del superintendente, nunca en la historia de Colombia ha habido un caso de delación desde que la figura existe. La investigación sigue y Colombia debe saber si existió esta connivencia para vender los pañales más caros. Sería el colmo.

 Pero lo que es importante en este caso es la labor de la SIC: aunque mediática, sí, ha servido para restaurar el orden. Al menos un poco. Al menos en una medida razonable y proporcional a la sana competencia. Así debe ser en un mercado moderno.

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