Cuando Mohamed Bouazizi, un joven vendedor callejero en Túnez, decidió inmolarse a finales de diciembre del año pasado, nadie imaginó que su ejemplo iba a convertirse en la chispa que habría de incendiar la pradera dentro de varios países de la región. En pocos meses la Revolución de los Jazmines —exigiendo libertad, empleo y mejoras en las condiciones sociales mínimas— sacó al dictador Ben Ali, tras 20 años en el poder, e instauró un gobierno de transición. Luego, jóvenes argelinos, egipcios y libios comenzaron a manifestarse en contra de sus respectivos gobiernos dictatoriales. En Egipto, tras la violenta represión inicial, Hosni Mubarak abandonó el poder, dado que, como sucedió en Túnez, el ejército se negó a actuar en contra de la población civil. Estados Unidos apoyó las solicitudes de cambio y reformas sustanciales. Los temores de que la desestabilización condujera a regímenes fundamentalistas resultaron infundados. El poder quedó en Egipto en manos de una junta militar que prometió dos cosas: elecciones libres para fin de año y mantenimiento de la presión en la calle para que se cumplan las promesas hechas, en especial el juzgamiento a Mubarak y sus allegados civiles. Esto último acaba de iniciarse.
Sin embargo, en Yemen continúan los enfrentamientos contra Ali Abdalá Saleh, mientras que los brotes en Omán, Arabia Saudita, Jordania e Irán se han ido matizando con el tiempo. Como hecho adicional, en España (y también en Israel), a través de los Indignados se han dado grandes concentraciones de personas, en su mayoría jóvenes, que buscan mejoras en materia de empleo y vivienda.
Pero la atención internacional en este momento está centrada en dos países: Siria y Libia. En Libia el levantamiento popular llevó a una represión sangrienta por parte del régimen de Gadafi y el involucramiento de la ONU y de la OTAN. A pesar de que con el apoyo que reciben los rebeldes han aumentado la presión contra Trípoli, la falta de armamento y de preparación no les ha permitido avanzar más rápidamente para poder tomar la capital. Además, las peleas y desconfianza internas se saldaron hace unos días con el asesinato del máximo comandante opositor, Abdel Fatah Yunes. La situación, así las cosas, se mantiene en tablas.
En Siria, tras el levantamiento en Deraa a comienzos de año, se gestó una revuelta que se expandió a Hom, Banias y Hama para sacar al dictador Bachar. En medio de la censura generalizada se habla de unas 2.000 víctimas, la mayoría civiles, y más de 10.000 detenidos. La comunidad internacional obró con excesiva prudencia y cuando quiso aplicar medidas más drásticas en la ONU, Rusia y China, aliados incondicionales de Damasco, impidieron la imposición de sanciones similares a las de Libia, a pesar de que el baño de sangre es igual o peor que el de Gadafi.
Así las cosas, a los seis meses de las revueltas “los ciudadanos aprendieron que los dictadores podían caer, como ocurrió en poco tiempo en Túnez y en Egipto. Los dictadores, a su vez, aprendieron que una actitud conciliatoria ante los manifestantes sólo podía llevarles al exilio, a la cárcel o a la horca. Y optaron por la sangre”, como lo mencionó acertadamente un analista. Le corresponde entonces a la comunidad internacional en su conjunto buscar una solución idónea que les permita a dichos pueblos transitar por los caminos de la democracia y la justicia social, juzgando a los responsables por todas las atrocidades cometidas.