En una sentencia de hace unas semanas que pasó algo inadvertida, la Corte Constitucional tumbó un artículo que permitía a la Alcaldía de Pamplona, en Norte de Santander, asignar un presupuesto para financiar la celebración de la Semana Santa, declarada Patrimonio Cultural de la Nación a través de la Ley 1645 del 2013. Además, el alto tribunal discute si hacer lo mismo con la Semana Santa de Popayán, tal vez la más emblemática del país. Esto abre un interesante debate sobre la influencia de la religión en la cultura y el rol que el proclamado laicismo estatal debe cumplir al momento de decidir qué eventos se apoyan con recursos públicos.
El argumento de la mayoría de la Corte (la votación quedó cinco a cuatro) es razonable: “La inversión de presupuesto público en las procesiones de estos eventos y en la protección de los bienes que en ellos se utilizan pretende fortalecer la fe católica, haciendo contraposición a la naturaleza laica del Estado”. La independencia entre el Estado y la religión es uno de los fundamentos más importantes de la democracia moderna, pues permite que el Gobierno, que debe ser un espacio para todos los ciudadanos, se mantenga independiente de intereses individualistas que excluyen a fragmentos de la población, como ocurre con una religión particular.
Esto es especialmente relevante cuando se trata de los recursos públicos. De hecho, muchas de las reivindicaciones sociales de los grupos marginados utilizan el mismo argumento: ¿por qué nos cobran los mismos impuestos, pero no nos dan los mismos derechos? La aparición más reciente de este tipo de protesta se vio en el movimiento LGBTI, donde abundan las pancartas que dicen “Iguales en impuestos, iguales en derechos”. Es clave, entonces, que el fondo común, al que todas las personas aportan sin importar su credo, raza, identidad de género u orientación sexual, sea distribuido de tal manera que se entienda como una inversión por el bien común, y no como un apoyo a una religión.
Las celebraciones con ocasión de la Semana Santa son el ejemplo paradigmático de este problema. La de Popayán, que está demandada, recibió este año $289 millones de los recursos públicos. ¿Por qué los habitantes ateos o musulmanes, por citar un par de ejemplos dicientes, tienen que ver que el dinero de sus impuestos es invertido en una celebración que gira en torno a la iconografía y mitología de la religión católica? ¿No tienen derecho de sentirse justamente excluidos y de cuestionar esa preferencia? No se trata, por supuesto, de prohibir la Semana Santa; la libertad de culto no se pone en duda. El problema es que el Estado de todos no puede financiar actividades que, por su naturaleza, marginan.
Hay un argumento válido en contra y es que las celebraciones de la Semana Santa, por ser históricas, han trascendido el ámbito de lo religioso y se han posicionado como eventos culturales que ayudan a la creación de identidades de los pueblos. Bajo esa mirada, no pueden leerse únicamente en relación con el laicismo estatal. Sin embargo, y aceptando que el número de católicos forma una abrumadora mayoría que ha impregnado la cultura del país entero, no puede obviarse que estas celebraciones están inescindiblemente ligadas a la religión católica. Que así haya sido siempre, es decir, que nunca antes nos preocupara la marginación de ciertas personas y que esa exclusión se haya normalizado al punto de entenderse como esencia de la cultura, no implica que sea lo correcto, y que la Corte, en protección de la promesa constitucional, no deba entrar a enmendar esta equivocación histórica.
Nunca la costumbre puede ser fundamento para no preguntarnos sobre cuál es la clase de sociedad que estamos apoyando, y a quiénes estamos excluyendo en el proceso.
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