Sea que la “exhortación” del Procurador haya servido para aparentar el apego a la ley de garantías o que el acatamiento presidencial sea la aceptación tácita de su candidatura, el hecho cierto es que poco suma a la igualdad en la competencia electoral esta decisión gubernamental. Entre otras razones, porque la ley de garantías —que fue lo que el Procurador le solicitó al Presidente respetar— va muchísimo más allá de la transmisión por televisión de los consejos comunales y contempla, como se sabe, muchas otras restricciones, verbigracia la suspensión de la contratación y la entrega de recursos y subsidios, la no asistencia a inauguraciones de obras, abstenerse de utilizar bienes del Estado diferentes de aquellos para su seguridad, no hacer referencias a candidatos y varias otras más. Todo ello lo seguirá haciendo el Presidente libremente bajo la excusa de que no puede ser candidato sino hasta que “Dios, la Corte Constitucional y el pueblo” se lo permitan.
Ciertamente ninguna norma obliga hoy al Presidente a acogerse a la Ley de Garantías. Tampoco a declarar su aspiración a reelegirse mientras la Constitución no se lo permita. Pero si realmente pretendiera “acoger en su integridad” el “principio de igualdad electoral”, que fue lo que se nos informó estaba haciendo con la decisión de esta semana, el presidente Uribe debería aceptar de una vez por todas públicamente que, si le es posible, será candidato; o declarar que no lo será, si es que eso en realidad pasa por su cabeza.
A esta alturas, la “encrucijada del alma” del presidente Uribe no es sino un juego retórico que contamina el proceso electoral. La campaña política ya comenzó y tiene de hecho como uno de sus candidatos al Presidente de la República, al menos como precandidato. Si la Corte Constitucional declara inexequible su aspiración, si el pueblo no le da la aprobación o si Dios hace vaya uno a saber qué para impedirla, sencillamente tendría que retirar su postulación de manera similar a como tendrán que hacerlo los precandidatos que pierdan las consultas de sus partidos.
Desde finales de noviembre del año pasado, el presidente Uribe debió haber definido si deseaba continuar y hacerlo explícito, pero aún está a tiempo de evitar esta incertidumbre democrática que carcome la República. Pero mientras no lo haga, es mejor que evite el postizo interés en el equilibrio político que se nos vendió esta semana.