La historia de Estados Unidos está llena de hitos en los que el disenso y la crítica, incluso dirigidos contra las instituciones del Estado que muchos estadounidenses consideran sagradas, generaron cambios que no solo mejoraron las condiciones en ese país, sino que sirvieron de ejemplo para el resto del mundo. El respeto a la libertad de expresión, a los discursos contramayoritarios y a la independencia de las tres ramas del poder son los cimientos sobre los que se ha construido la democracia de esa nación. Todas las administraciones, sean demócratas o republicanas, han entendido la importancia de la pluralidad de voces en el debate público; de que la política se ejerza sin ningún tipo de presión.
Por eso cuesta tanto creer que funcionarios que representan a ese país, esa democracia y esas instituciones en Colombia estén utilizando sus prerrogativas para presionar a miembros de nuestra Rama Judicial.
Hace poco discutimos en este espacio cómo la embajada de Estados Unidos, en cabeza del embajador Kevin Whitaker, le retiró la visa al congresista John Jairo Cárdenas. En aquel entonces pareció, por la información siempre parcial en estos casos, una directa retaliación al hecho de que el político hubiera contado detalles de las preocupaciones expresadas por la embajada a los congresistas que debatían las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Ahora, según información dada a conocer por la revista Semana, al parecer a dos integrantes de la Corte Constitucional (Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo) y a uno de la Corte Suprema de Justicia (Eyder Patiño) les retiraron su visa de entrada a Estados Unidos. Después de una visita de la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, al Palacio de Nariño, el presidente Iván Duque contactó al embajador Whitaker y eso resultó en el retorno de la visa a Lizarazo. Es necesaria la pregunta: ¿por qué fue necesaria esa intervención por parte del mandatario?
Varios magistrados han manifestado las presiones que sienten por una serie de casos que están pendientes en la Corte Constitucional. Dentro de los intereses de la embajada estadounidense, por ejemplo, el alto tribunal revisará la prohibición del uso del glifosato para combatir la hoja de coca y deberá fallar sobre las objeciones a la estatutaria de la JEP. En ambos temas el embajador ha expresado posiciones que parecen ir en contravía de decisiones tomadas en el pasado por la Corte. No hay que dar muchos saltos para entender la presión diplomática, entonces, como una manera de buscar influir en esos casos. De ser así, se trataría de una injerencia inaceptable que ameritaría una protesta firme por parte del Gobierno Nacional.
Puede ocurrir, claro, que la embajada tenga otros motivos, no políticos, para retirar las visas. Si ese es el caso, sería un gesto necesario de buena voluntad con Colombia informarle a nuestro país cuáles son las razones, pues se trata de funcionarios de alto rango de quienes se espera el mejor comportamiento.
Castigar diplomáticamente a una persona por sus opiniones y por su actuar como juez es una actitud que sería ampliamente deplorada en Estados Unidos. La diferencia de opiniones puede resolverse de otras maneras. Esperamos que esta situación se aclare en el menor tiempo posible.
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