Enfrentar la emergencia climática requiere muchos recursos económicos. Aún más difícil que eso, implica cambios dolorosos y complejos en la manera en que las personas viven, se relacionan con el entorno y consumen ciertos productos. Para sectores enteros de la economía, ajustarse de manera ambiciosa y suficiente a la crisis implica alterar en esencia su modelo de negocios. Hay empleos que simplemente no podrán seguir existiendo. El modelo educativo y el entrenamiento de la fuerza laboral, a su vez, necesita reingeniería. Y no se pueden adoptar cambios parciales: el tamaño del reto implica que todas las soluciones sobre la mesa tienen que implementarse y de manera veloz. Debimos empezar mucho antes, pero no lo hicimos y, a pesar de los discursos rimbombantes de los últimos dos gobiernos, a Colombia le ha faltado la capacidad de tomar decisiones en debates complejos.
La muestra es la Ley de Acción Climática. Presentada en liderazgo por el Ministerio de Ambiente, pero firmada por varios ministerios, es un documento admirable. En él se introducen metas y medidas que, en efecto, ubican a Colombia a la vanguardia de la respuesta ante la emergencia climática. Basta con hacer una lista de lo que propone para entender su posible impacto: reducir a cero la deforestación; reducir las emisiones de carbono negro en un 40 %; que un mínimo del 30 % de mares y áreas continentales se encuentren bajo categorías de protección o estrategias complementarias de conservación; lograr una restauración ecológica de al menos un millón de hectáreas; lograr un manejo sostenible de 2,5 millones de hectáreas mediante contratos de conservación para estabilizar la frontera agropecuaria; alcanzar al 2030 los 600.000 vehículos eléctricos en circulación y la renovación de al menos 57.000 vehículos del parque automotor de carga. Una maravilla contemplada en 196 acciones.
El problema es el de siempre: ¿de dónde va a salir el dinero para los cambios profundos que esas metas requieren? En la reforma tributaria aprobada hace unos meses, el Gobierno dejó a un lado su de por sí tímida propuesta de impuestos enfocados a enfrentar la emergencia climática. Entonces, en la práctica, no tenemos cómo alcanzar los objetivos. Lo mismo ocurrió bajo la administración de Juan Manuel Santos: discursos con resultados internacionales que no eran aterrizados como se debe en el país.
No se trata de restarle mérito a la Ley de Acción Climática; es necesario aprobarla. También es una buena herramienta de negociación para la COP26 que se realizará en unas semanas. Sin embargo, lo evidente es que le pasa la pelota al próximo gobierno. En lo que hemos visto de campaña, se sigue ignorando la urgencia del tema. Como escribió Juan Pablo Ruiz Soto en El Espectador: “El desarrollo bajo en carbono y la resiliencia climática no solo cuestan, sino que deben ser el eje del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Es importante que los candidatos presidenciales hagan explícitos sus compromisos para enfrentar la crisis climática. La ciudadanía debe prepararse para asumir costos y vigilar la ejecución presupuestal que requerirá este redireccionamiento de la economía”.
El problema con el emergencia climática no es que responder a ella sea costoso, sino que cada año que perdemos multiplica lo que se necesita e incluso nos acerca al punto de no retorno. Debemos pasar de los discursos a la acción cuanto antes.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.