En esta ocasión, según palabras del ministro Valencia, el debate está abierto para discutir el tema de la separación de los ministerios del Interior y de Justicia. Como se recordará, la fusión de las dos carteras fue una de las más polémicas decisiones adoptadas por el entonces recién elegido presidente Álvaro Uribe. En aras de la economía fiscal, en su momento se pensó que era prioritario reducir la burocracia. La existencia del Consejo de la Judicatura, además, proveía de argumentos a quienes consideraban que el Ministerio de la Justicia era irrelevante.
Hoy parece existir consenso generalizado frente al error histórico que supuso aglutinar en un solo ministerio las tareas gubernamentales en el campo de la política y la justicia. La eficiencia administrativa, la división social del trabajo que requiere el manejo de un país tan judicializado, hacen evidente la necesidad de contar con un Ministerio de Justicia independiente.
A ello habría que agregar, no menos importante, la conveniencia institucional de contar para la coordinación, o incluso las futuras divergencias entre los poderes públicos, con un interlocutor que, en cabeza del ministro de turno, pueda aligerar tensiones que de otra manera se saldan casi de manera natural en favor de la política. No obstante la obvia cercanía que pueda existir entre el Presidente y sus ministros, no tiene presentación que el encargado de defender políticamente al gobierno sea al mismo tiempo el designado para atender las relaciones con las altas cortes.
En síntesis, la propuesta hecha en Cartagena difícilmente puede ser rebatida. Según lo dicho por el ministro Valencia, participarían en la reflexión funcionarios de la Rama Judicial, del Ejecutivo, de la academia y de la sociedad civil bajo el liderazgo de un grupo de ex magistrados de las altas cortes. Hasta ahí, si los miembros de tan valioso grupo provienen de diferentes sectores de la sociedad, son escogidos sin sesgos y, llegado el momento de implementar las decisiones, son realmente tenidas en cuenta sus observaciones, la iniciativa gubernamental resultaría encomiable.
Sin embargo, la propuesta llega enmarcada “en el contexto de una reforma estructural de la rama judicial”. Y entonces surgen las sospechas, pues ya en anteriores reformas sugeridas por el Gobierno ha sido una constante la sensación de que se quiere coartar la independencia de la Rama Judicial. Adelantar una propuesta de reforma a la justicia en un momento de tan alta confrontación institucional como la actual, puede resultar en un esperpento.
Nadie niega la necesidad de una reforma. Eficiencia con equidad y mayor acceso a la justicia para los ciudadanos son temas sobre los que una comisión como la anunciada podría deliberar. Igual ocurre con la doble instancia y el uso y abuso de la tutela . Pero estos no son los momentos apropiados para adelantar una reflexión desprovista de sospechas. Impulsar una reforma institucional de tan alto calibre como la que se prevé, justo cuando los poderes Ejecutivo y Judicial se encuentran enfrascados en duras contiendas, bien puede sugerir que lo que se busca es continuar con el enfrentamiento recurriendo a otros medios.
En otra coyuntura, a mediano y largo plazo y sin recaer en iniciativas rápidas y ad hoc, puede que la justicia reciba la reforma que merece. Entre tanto, para generar confianza entre los contradictores y los más suspicaces, resucitar el Ministerio de Justicia, sin reforma integral de por medio, sería una salida que bien podríamos celebrar.