Esto ha desatado la ira de ciertos usuarios, quienes ven en la aplicación una salida frente a las recurrentes quejas que hay hacia el servicio prestado por los taxis. Una cruz que tienen que cargar los conductores honestos y trabajadores por cuenta de sus compañeros: la mala fama es una cuestión bastante extendida e insoslayable. El sol, lo lamentamos mucho, no se puede tapar con un dedo.
La Superintendencia toma esta decisión frente al vacío normativo que en este tema predomina: Uber es un intermediario entre los usuarios y los conductores, y al no ser una empresa de transporte (y no vemos la razón para que se convierta en esto), no obedece a las reglas sobre las cuales está pensado el sistema colombiano.
Pues llegó la hora de regularlo, y pronto, sin tanta dilación del Ministerio de Transporte, cartera que es, a todas luces, la responsable en el tema. Y decimos dilación porque su fama lo precede: ahí tenemos, de nuevo, a sus representantes diciendo que tendrán listo un decreto que fijaría las características del servicio en Colombia. Por segunda vez, entonces, un aplazamiento de un tema tan necesario y justo como este. El decreto prometido el año pasado no llegó. La prohibición es una medida ineficaz, que podría generar prácticas clandestinas nada agradables. Entre menos dure, mejor.
Pues bien, esperamos que a mitad del año esté todo listo, a través de una reglamentación estricta que desatienda el poderoso lobby tanto de Uber como del gremio taxista y que esté más bien enfocado en el bienestar de los usuarios, el elemento hasta ahora ausente dentro de toda esta ecuación. ¿Qué le interesa a la gente? ¿Cuál petición de parte debe predominar?
Por supuesto que hay razones de fondo que deben ser legalizadas para que el servicio no tenga ninguna objeción: tampoco estamos diciendo que prime la informalidad. Sin embargo, la regulación debe ser flexible y, sobre todo, útil y entendible. Que ponga a funcionar las cosas y no las ahogue en un mar burocrático.
Pero también debe ser preventiva: ya cogen carrera en otros países aplicaciones de este tipo para conseguir toda clase de servicios. Cosa que hace pensar en una eventual informalidad laboral extendida: personas trabajando a pedido, sin ninguna clase de contraprestación a la que tienen derecho, como seguridad social, por ejemplo. Y ese tampoco es el escenario deseable. La tecnología, una vez más, le está ganando la carrera al derecho. Útil sería aprovechar estos seis meses para hacer un análisis de prospectiva interinstitucional serio y profundo, y así no andar con vacíos cuando los avances toquen tierra firme. ¿O esperamos a que lleguen y les prestamos atención, prohibiéndolos de nuevo?
En eso, pues, se les debe ir la cabeza al Ministerio de Transporte y a otras entidades durante estos seis meses. Más vale que salgan con algo bueno. Porque, no pueden olvidarlo, mientras el tiempo corre, tendremos usuarios insatisfechos (mucho bien le haría al gremio taxista tener competencia) y conductores quietos. Manos a la obra.