No todos los países aplaudieron la orden de aprehensión de la CPI. Tan pronto se supo de la decisión, la presidencia de la Unión Africana, ejercida actualmente por el libio Muammar al-Gaddafi, sostuvo que desconocía la orden de detención contra el presidente sudanés por considerarla “injustificada y contraria a todas las reglas del Derecho Internacional Humanitario”. Los líderes africanos, antes que apoyar a la CPI, se alinearon tras Al Bashir pese a que más de 20 países africanos están entre sus fundadores.
El viceministro de Justicia sudanés, Abel Baiem Zumrawi, tras recordar que Sudán no forma parte del Estatuto de Roma que dio vida y legitimidad a la CPI, acusó al fiscal Luis Moreno Ocampo de haber convertido la Corte en un escenario político que obedece a la presión ejercida por las grandes potencias. Como lo había hecho anteriormente el propio Al Bashir y lo retomaron igualmente algunos líderes africanos, arremetió contra Occidente, en quien ve un perseguidor que se ensañó con los africanos antes que con los otros países en los que se cometen actos atroces y nadie repara en la impunidad. Es más, el fantasma de la Segunda Guerra Mundial y de los supuestos excesos cometidos por algunos Estados fue utilizado con el fin de desacreditar la autoridad de la CPI. El gobierno de Venezuela, a su vez, cuestionó severamente la orden de arresto emitida y la calificó de “intromisión en asuntos legítimos e internos del pueblo de Sudán”.
Lo que era una medida esperada, incluso tardía, degeneró en intensa polémica. Más allá de la posibilidad de ajusticiar a un gobernante que aún ejerce el poder, caso único, algunos estiman que calificar de crimen de guerra y de crimen contra la humanidad —y anteriormente se le calificó incluso de genocidio— lo hecho por Al Bashir con los movimientos insurgentes supone un juicio moral difícil de aceptar, toda vez que obedecería a una odiosa imposición de criterios valorativos elaborados por países occidentales aparentemente ricos y poderosos. De aquí que se diga que la CPI practica un neocolonialismo que no respeta la independencia de las naciones y que tiene un sesgo por las más débiles.
Entre tanto, Al Bashir tomó la decisión de expulsar 13 organizaciones extranjeras que prestaban sus servicios en la región, entre las que están Médicos sin Fronteras, Oxfam, el Comité Internacional de Rescate y Save the Children. Aunque varios expertos lo habían pronosticado, todo apunta a que en señal de protesta por lo que considera una persecución injustificada, el gobierno sudanés arremeterá, a su vez, contra quienes ya son calificadas de auxiliadoras de los occidentales. El presidente del Comité Internacional de Rescate, George Rupp, asegura que de las organizaciones asistencialistas dependen 1,75 millones de sudaneses para tener agua, servicios sanitarios, educación y cuidado de salud. “Si Sudán persiste en esta decisión” —sostiene—, “es difícil creer que el resultado pudiera ser otra cosa que un grave sufrimiento y la muerte para cientos de miles de personas”. Y la situación amenaza con empeorar.
Arrestar a Al Bashir, aunque deseable desde el punto de vista de la justicia, es una amenaza a los acuerdos de paz logrados por Sudán. En 2005 el movimiento de liberación firmó un acuerdo con el gobierno que le puso fin a la guerra civil y desde entonces el propio condenado ha respetado lo pactado. Pocos dudan de que sus desmedidas acciones en respuesta a las intenciones subversivas de los movimientos del sur merecen el peso de la justicia, pero es la endeble paz conseguida con esfuerzo y vidas humanas la que, de lograrse la captura, está en riesgo.