Una de las tragedias silenciosas más frustrantes en Colombia tiene que ver con las condiciones de vida de los adultos mayores. Entre ellos abunda la pobreza y, en muchas ocasiones, sus hijos los maltratan y abandonan por completo. Una ley aprobada recientemente toma pasos adecuados para empezar a enfrentar este problema.
Según cifras de Medicina Legal, en 2015 se presentaron 1.651 casos de violencia contra la población adulta mayor. En general, la violencia intrafamiliar (VIF) es un problema constante que no cesa. En el 2017, según la misma entidad, se registraron 70.000 casos de VIF y 20.000 de abandono. En medio de todo eso caen muchísimos adultos mayores.
La situación de los adultos mayores suele ser precaria por una combinación de circunstancias. El régimen pensional, por ejemplo, no cubre a un fragmento considerable de esta población y, entre los que sí reciben la pensión, los montos no son suficientes para cubrir sus gastos. Además, los quebrantos en salud implican que requieren atenciones constantes y en muchas ocasiones no están en capacidad de cuidarse por su propia cuenta. Por eso son una población vulnerable.
En ese contexto, son preocupantes las cifras de hijos que los maltratan de distintas maneras. Esto no puede seguir ocurriendo.
El presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1893 de 2018, iniciativa del representante a la Cámara por Cambio Radical Rodrigo Lara y la cual busca que aquellos hijos que maltraten, abandonen y ejerzan prácticas cuestionables contra sus padres no podrán heredar.
Como le explicó a El Espectador Roy Barreras, senador del Partido de la U, “aquí lo que buscamos es castigar a los maltratadores para que aprendan a respetar y a cuidar a los adultos mayores, a los ancianos y a las personas discapacitadas”.
La ley expande las causales de indignidad sucesoral. Entonces, por ejemplo, pierden derecho a la herencia quienes cometan homicidio, ya sea intencional, hayan intervenido para cometer el crimen o no hayan hecho nada para salvar a sus padres de la muerte pudiendo hacerlo.
También se castiga a quienes cometan atentados graves contra la vida, el honor y los bienes de la persona cuyos bienes pueden heredarse, quienes no acudan al llamado de socorro o ayuda, y quienes presionen a los adultos mayores a incluir disposiciones en su testamento que sean favorables para quien está haciendo la fuerza indebida.
Esta ley no va a solucionar el problema de fondo, por supuesto. Pero sí da herramientas para que los adultos mayores se defiendan y para que las autoridades intervengan allí donde se presenten casos de violencia e injusticia. Es una medida que debe celebrarse, darse a conocer —especialmente entre la población protegida— y aplicarse.
El debate, no obstante, no puede detenerse aquí. El próximo Congreso tiene el reto de seguir buscando maneras de tenderle la mano a la población adulta mayor. Envejecer no puede ser una tragedia.