El “error de digitación” de la ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez Torres, que la puso a negar a su pareja en una declaración de bienes y conflictos de intereses, debería abrir una conversación más amplia en Colombia sobre una imprudencia que cometen muchos funcionarios: no ver problemas en convertir el Estado en la fuente de trabajo para toda la familia. Más allá de que es cierto que el caso de Vélez no es único ni parece estar violando lo dispuesto por la ley, sí hay una pregunta de cómo el poder está ligado a la burocracia, creando el riesgo de que los recursos de los colombianos sean colonizados por quienes tienen acceso a las altas esferas de la contratación pública.
En este espacio hemos insistido durante varios gobiernos y periodos legislativos en que los servidores públicos, además de las responsabilidades disciplinarias y penales que tienen, necesitan responder a una estatura moral superior. Tiene una lógica básica que, no obstante, es esencial: quien es nombrado para representar a los colombianos no puede ni siquiera permitir que haya dudas sobre su actuar. El abuso de poder es una traición de alto nivel, especialmente cuando va de la mano de los recursos públicos. Por eso, siempre que familiares de funcionarios obtienen multimillonarios contratos estatales, la idea que se siembra entre los ciudadanos es que hay privilegios que se mueven en los círculos del poder. Se afecta así la legitimación de todo el ejercicio democrático, sin importar los méritos personales de las personas nombradas.
Por eso, la respuesta de la ministra Vélez sobre cómo la suya es similar a “cualquier familia” muestra ausencia de interés por reflexionar. No, las familias de los funcionarios y líderes políticos no son “cualquier familia”, las condiciones no son las mismas, el acceso a los espacios de poder tampoco es igual y por supuesto que las relaciones familiares importan. Felipe Tascón Recio, director de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, entidad que contrató a la pareja de Vélez, Sjoerd van Grootheest, dijo que “para nosotros, Sjoerd van Grootheest no es el esposo de nuestra minminas, para nosotros Sjoerd es un documentalista con un currículum envidiable”. De nuevo, eso es un espejismo: más allá de que no se están poniendo en duda las cualidades de la persona contratada, esta no puede quitarse de encima sus relaciones familiares.
Empero, nuestra intención no es señalar el caso de la ministra Vélez como excepcional. De hecho, por ser tan común es que consideramos necesario que se le preste atención a la conversación. Abundan los congresistas con familiares y amigos nombrados en distintos cargos públicos; lo mismo se puede decir de funcionarios de este Gobierno y de los anteriores. No hay reflexión sobre las implicaciones de legitimidad en esos procesos porque se asume que todo es meritocracia, cuando hay ejercicios de poder de por medio. Las irregularidades, entonces, no son ilegales, pero sí cuestionables de cara al país. Volvemos a insistir: los funcionarios deben comportarse bajo estándares más altos de lo que exige la ley, ese es el sacrificio que hacen cuando trabajan con recursos públicos.
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