Los chilenos rechazaron por segunda vez en dos años una propuesta de Constitución, esta vez redactada por la derecha y la extrema derecha. El resultado del plebiscito, que da un respiro al Gobierno de centroizquierda del presidente Gabriel Boric, está lejos de ser un triunfo para el oficialismo, pues la Carta Magna que continúa vigente es la de 1980, heredada del dictador Augusto Pinochet. Como lo expresó con claridad la expresidenta Michelle Bachelet, se trataba de escoger entre algo malo y algo pésimo. El país regresa a la situación de finales de 2019, cuando se inició el proceso de reformas para superar el estallido social por la vía institucional.
Con este resultado el país austral queda en tablas. Ninguna de las dos opciones consignadas en los respectivos proyectos de nueva Constitución fue aprobada. El centro, cuya visión ecléctica hubiera podido integrar mejor los intereses y las expectativas de toda la sociedad, quedó marginado frente a la pugna de los dos extremos. Tanto el Gobierno, que considera que las urgencias son otras, como la candidata de la derecha para las próximas elecciones, la alcaldesa Evelyn Matthei, consideran cerrado el proceso constituyente. José Antonio Kast, líder del Partido Republicano de extrema derecha y el mayor impulsor de la fracasada propuesta del domingo anterior, reconoció la derrota. La Carta que se mantiene ha sido modificada en unas 70 ocasiones y continuará rigiendo los destinos del país.
Para los analistas, quedó en entredicho la invocada extrema urgencia de un cambio al texto constitucional como respuesta a los problemas más acuciantes que viven los chilenos; en adelante, el actual Gobierno debe ocuparse de su resolución. Así lo había dado a conocer Boric al señalar: “Independiente del resultado del plebiscito, vamos a trabajar por las prioridades de la gente”, para lo cual tiene hasta marzo de 2026. Los problemas son varios y preocupan a la mayoría de los ciudadanos que desean verlos resueltos: la creciente inseguridad —con un aumento de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 4,5 a 6,7 en los últimos cinco años—, una economía que lleva más de 10 años sin crecer, la reforma al sistema educativo, la crisis en el sistema de salud, la lucha contra la corrupción y la inmigración ilegal que se ha presentado en los últimos años.
Las grandes protestas que se dieron en 2019, demostrando el descontento existente frente a la forma en que Chile estaba siendo conducido por el entonces mandatario Sebastián Piñera, pusieron sobre el tapete la necesidad de urgentes cambios en el país. Así lo entendió y decidió la clase política. El más importante fue conformar una Asamblea Constituyente que reformara la Constitución. En la votación que condujo a la elección de sus integrantes, la centroizquierda y la izquierda obtuvieron un resultado abrumador, lo que permitió que el nuevo texto redactado incluyera una serie de aspectos que generaron una gran preocupación en buena parte del electorado.
El Gobierno de izquierda de Boric, que reemplazó a Piñera y llevó al poder a los jóvenes que habían liderado las protestas, se jugó a fondo para sacar adelante la propuesta de la Constituyente. El rechazo del electorado en 2022 llevó entonces a conformar un Consejo Constitucional que definiera un nuevo texto. Para integrarlo, triunfaron los sectores de derecha y de la extrema derecha de Kast. Su contenido fue puesto a votación el domingo pasado y también fue rechazado.
Desde el retorno a la democracia en 1990, Chile ha hecho gala de un profundo respeto por la institucionalidad y la solución de los problemas dentro del marco de la democracia. Este proceso fallido de reforma constitucional fue la respuesta a los graves problemas que se evidenciaron en 2019. Cerrada esta etapa, es el momento de que el actual Gobierno dé solución a estos requerimientos sociales.
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