Hay una muy buena noticia para Colombia. Después de cinco años de aumentos considerables y preocupantes en el número de hectáreas cultivadas de hoja de coca, el incremento se estancó en el último año. Se trata de una victoria para el Gobierno de Iván Duque y una muestra de que en el país se pueden tomar medidas para detener los cultivos sin afectar la salud de los ciudadanos. El reto sigue siendo fortalecer los programas de sustitución voluntaria, que otorgan más beneficios para todos los colombianos.
La magnitud del reto, sin embargo, sigue siendo enorme. Antes del anuncio del estancamiento de los cultivos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) dijo, en un informe, que Colombia “produce cerca del 70 % de la cocaína mundial”. La demanda global y el fortalecimiento del narcotráfico local están sirviendo para el crecimiento de bandas criminales y actividades ilícitas en varias zonas del país.
Por eso, no deja de ser importante que la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp por su sigla en inglés) haya felicitado a Colombia por su labor en la erradicación de las hectáreas cultivadas. Según su propio monitoreo, los cultivos pasaron de 209.000 hectáreas en el 2017 a 208.000 el año pasado. Aunque es una reducción de solo 1.000 hectáreas, la verdadera noticia es que se logró detener el aumento, que venía descontrolado y había causado tensiones en la relación con Estados Unidos.
Hubo voces esta semana que recibieron la noticia como un incentivo para retomar el uso del glifosato en la lucha contra la coca. Nos parece, más bien, que lo ocurrido invita a la interpretación contraria.
Ha quedado en evidencia que el actuar de la Fuerza Pública es muy capaz de medrar el aumento de los cultivos. ¿De verdad necesitamos una medida que no solo pone en riesgo la salud de los colombianos, sino que genera tensiones con las poblaciones cultivadoras que más necesitan de la ayuda estatal? ¿Acaso no es preocupante el costo social, que recae con especial intensidad en las mujeres campesinas que no cuentan con debido acceso a los servicios de salud?
El hecho de que, pese a que se erradicaron tantas hectáreas, la reducción solo haya sido de 1.000 hectáreas en total invita a pensar que hay una alta resiembra. Ante eso, el glifosato no es la solución. Un informe del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos detectó una resiembra de apenas 0,6 % en los siete municipios donde hubo pagos de sustitución voluntaria, mientras Dejusticia habla de una tasa de resiembra con la aspersión aérea cercana al 35 %. Apostarle a ese tipo de medidas no solo sería mejorar los lazos con las comunidades, sino que llevaría al Estado a corregir los atrasos estructurales que han convertido tantos lugares del país en espacios propicios para los actores ilícitos.
Varios de los líderes sociales asesinados y amenazados en estos años son personas que le han apostado a la sustitución voluntaria. Protegerlos y apoyarlos debería ser una prioridad del Gobierno. Blindarlos con legitimidad y acompañamiento es crear incentivos para rechazar a los narcotraficantes que los presionan. Si el Estado aterriza con seguridad y oportunidades, empezamos a cambiar el paradigma que ha sido propicio para esos cultivos.
La crisis de la coca no surgió en los últimos cinco años. Incluso en los “mejores años” de la erradicación, el número de cultivos era considerable y el problema de fondo persistía. El glifosato no hace nada para asfixiar la desigualdad y el abandono que marcan las vidas de los cultivadores. El camino que traza este éxito del último año luce mucho más sólido y, además, más sano.
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