El feminicidio de Érika Aponte en el centro comercial Unicentro, en Bogotá, estuvo seguido de una serie de errores públicos que no deben cometerse si queremos honrar su memoria y trabajar para evitar que sigan ocurriendo crímenes de este tipo. Para empezar, en el cubrimiento que se le hizo a la noticia se utilizó el término de “crimen pasional”, frase dañina que no solo oculta las realidades perversas de los feminicidios, sino que termina siendo cómplice cultural de la violencia. Después, en redes sociales, líderes políticos utilizaron lo ocurrido para sembrar pánico y ganar réditos electorales en vísperas de las elecciones regionales que se celebrarán en octubre. Para terminar, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, empleó palabras desafortunadas para referirse a la víctima. Una cadena de desastres que empañan un hecho de por sí horrible.
No, el asesinato de Aponte no fue un crimen pasional. Históricamente, esa categoría ha sido utilizada para referirse a los hombres que asesinan a sus parejas. La idea es que el “amor” duele tanto que enloquece y lleva a tomar venganza violenta. Al restarle agencia al asesino y culpar a las circunstancias, da la sensación de que lo que ocurrió es inevitable, simple devenir de una relación intensa. Todo esto, por supuesto, es falso: el asesino tiene agencia y cuando ataca a su pareja lo hace suponiendo que su vida le pertenece. Aponte fue violentada por ser mujer, porque su victimario se creía con el derecho de mantenerla atada a él. Lo que ocurrió es un feminicidio y una muestra más de la desigualdad que hay en el país, de la inseguridad que sienten las mujeres que están atrapadas en relaciones violentas. Usar eufemismos como “crimen pasional” es no querer ver la crueldad y la dificultad de los hechos.
Cuando todavía no había detalles suficientes sobre lo ocurrido, en redes sociales varios líderes políticos y comentaristas aprovecharon para cobrar réditos. Culparon a la inseguridad de la ciudad, culparon a la alcaldesa e incluso llegaron a culpar al presidente de la República. En esa lógica, una muerte terrible se instrumentaliza, se ve como una herramienta más para llegar al poder y hace parte de un diagnóstico errado. Si hay una discusión política válida para honrar la memoria de Aponte es que el feminicidio está fuera de control desde hace años y el país no ha tomado las medidas necesarias para enfrentarlo. Todo lo demás es vergonzoso.
Finalmente, al lamentar lo ocurrido, la alcaldesa López dijo que “Érika hizo lo correcto a pesar de que lo hizo tarde”, refiriéndose a que Aponte había buscado los servicios de protección del Distrito. Aunque es bienvenido el llamado de la mandataria a utilizar las herramientas que el Estado dispone, hablar de cuánto tardó la víctima es culparla de manera indirecta. Para tantas víctimas de violencia doméstica que de por sí cargan con la vergüenza de toda la situación, ese tipo de discursos se tornan particularmente dañinos.
Tanto ruido debería decantarse en políticas públicas útiles. Hace poco una investigación de El Espectador contó cómo los menores de edad huérfanos por la violencia intrafamiliar no tienen acompañamiento estatal. Este caso de Aponte vuelve a poner el tema de presente, así como la incapacidad generalizada del Estado para enfrentar la violencia de género. Son muchas las deudas históricas para que casos como el de Aponte no sigan ocurriendo.
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