Esto es un avance a nivel simbólico: trasladar el problema de las drogas del orden público a la salud pública. Porque un adicto no es nada más que eso: una persona que, en uso de su libertad, causa un perjuicio sobre su salud. Es una cuestión de autonomía que la misma Corte Constitucional reconoció en su momento: “Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que, por las razones anotadas, las normas que hacen del consumo de droga un delito, son claramente inconstitucionales”.
Es impensable, al verlo ahora con la lupa de la igualdad, que un alcohólico sea considerado un enfermo, mientras que un drogadicto no: ¿contra qué bien jurídico constituido atenta? ¿La propiedad? ¿La vida? ¿La administración pública? No suena razonable. Parece más bien una conducta que molesta a las personas a nivel moral: a nivel de una construcción social que con los años se ha convertido en una acción condenable.
Por tanto, una ley que reconozca la drogadicción como una enfermedad, que trate a los adictos como tales, que promueva una atención integral por parte de todas las entidades que hagan parte del sistema de salud (plantea de manera progresiva la atención, para que en 2016 ésta sea total) y que hable de prevención del consumo, resulta positiva.
Sin embargo, frente al tema de las drogas aún falta mucho por regular. El proyecto, sin duda, entrado en vigor y aplicándose con seriedad, representaría un avance y un cambio de mentalidad. Pero creemos también que, a pesar de sus buenas intenciones, podría quedarse sin dientes.
Está primero el nivel de coherencia jurídica. Resulta contradictorio el espíritu de esta ley cuando al mismo tiempo se ha producido en el país una campaña política incesante para derogar de la Constitución el artículo que permitía dar sustento jurídico a la dosis mínima de droga. Por ende, una persona que va por la calle con un gramo de marihuana sigue siendo, en cierto sentido, un delincuente. Mientras esto no cambie, es difícil que el tabú en torno a las drogas lo haga a la par.
Esto lleva a un segundo problema, que es el de la aplicación de la política pública en todos sus niveles. A nivel raso, es muy difícil pensar qué se hará con una persona que sea descubierta en la calle consumiendo droga. ¿Cuál es el procedimiento que el policía debe seguir? ¿Llevarlo a un centro de detención? ¿Llamar a un centro de salud? ¿Cómo podría diferenciar al consumidor ocasional del habitual o del adicto? Esto es un vacío legislativo enorme, que la ley no contempla.
Otra parte de la implementación de la ley es la voluntariedad de la rehabilitación. ¿Y si el adicto no quiere curarse? Se habla de consentimiento informado (estar al tanto del tratamiento que le van a aplicar), pero no de lo voluntario del mismo. Si capturan al mismo consumidor del ejemplo anterior consumiendo drogas, ¿qué harán? ¿Rehabilitarlo a la fuerza? Y si no se trata de un adicto sino de un consumidor ocasional, ¿tratamiento psicológico? Estos criterios de diferenciación deberían estar más claros.
Por último, es preocupante el presupuesto para tratar a tantas personas que, según la misma ponencia, son adictas a las drogas. Siendo un tema que aún se mantiene en las tendencias ideológicas de la sociedad, será muy problemático en su momento querer asignar algún dinero a estos tratamientos.
La ley, pues, deja muchas preguntas abiertas. Todas ellas conducen a los temas más globales (de cultura, sobre todo) y a que, de una vez por todas, los gobiernos piensen en dar un giro no sólo a nivel legislativo sino también discursivo y constitucional.