Más allá de la emoción y la curiosidad que causó el hallazgo del galeón San José, no deja de sorprender la cantidad de debates y tensiones que han salido a la superficie con el anuncio. Entre las cosas por esclarecer está el mecanismo empleado por el Gobierno para llevar a cabo la búsqueda del galeón, el verdadero valor del tesoro encontrado, la suerte de una demanda que avanza contra Colombia por estos hechos en Estados Unidos y la reclamación de España.
Un poco de historia: la embarcación, que portaba bandera de España, fue hundida por los ingleses en 1708 en cercanías de las Islas del Rosario cuando venía de Panamá hacia Cartagena y rumbo al país ibérico con tesoros para la Corona española. Por eso, el ministro de Asuntos Exteriores de España dijo que “hay una titularidad del Estado donde esté abanderado el pabellón” del navío. En términos castizos, eso quiere decir que no renuncian a la propiedad sobre lo encontrado. Los respalda una convención de la Unesco, organización que, por cierto, se manifestó para pedir la protección del patrimonio encontrado.
Si bien es entendible el repentino interés de los españoles por el tesoro, no pueden pretender que la inversión del Estado colombiano durante cinco años sea en vano. El esfuerzo realizado por el Gobierno le debe otorgar derechos sobre lo encontrado. Lo dijo bien el presidente Juan Manuel Santos: “El galeón San José es de los colombianos”. En cualquier caso, sabemos que hay intención de ambos países por encontrar una solución amistosa. Ojalá así sea, pero sin ceder innecesariamente.
Dicho lo anterior, causa cierto recelo que el Gobierno haya utilizado el manto de “secreto de Estado” para no hablar de los detalles sobre la operación de búsqueda del galeón. Señor presidente, este es un tema de interés nacional que no amerita la utilización de esa figura. Especialmente cuando hay varios puntos por explicar: ¿por qué, si hay una Ley sobre Patrimonio Sumergido que prevé abrir licitaciones para que empresas privadas, nacionales o internacionales hagan la búsqueda y rescate de hundimientos de más de cien años de ocurridos, no se hizo de esa manera en este caso? ¿A quién contrató para realizar la búsqueda y en qué condiciones se pactó el rescate? Además del pago del presupuesto necesario para la búsqueda, ¿qué más se les prometió a cambio? Esperamos que esas respuestas vengan pronto.
Lo otro que está por verse es la reclamación de la demanda en Estados Unidos, donde la firma norteamericana Glocca Morra (que se transformó luego en Sea Search Armada) argumenta que, por haberle dicho al Estado la posible ubicación del galeón en los años 80, tiene derechos sobre el tesoro. El Gobierno ha dicho que esa disputa jurídica ha sido acompañada. Amanecerá y veremos.
Finalmente, ojalá este sea un incentivo para que el Estado desarrolle una política, que no ha existido nunca, sobre la arqueología submarina. Apoyado en las universidades, se debe empezar a crear un inventario de lo que tenemos, sobre todo en el mar Caribe.
Por más que las leyendas de tesoros les abran los ojos a algunos oportunistas, lo más importante de este hallazgo y de la inversión en estos temas es poder conocer nuestra historia y fomentar espacios de apropiación cultural que beneficien a todos los colombianos.
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Nota del Editor: El texto de este editorial se modificó de la versión original para precisar la ruta que llevaba el galeón en el momento de su hundimiento, la cual estaba errada.