Que el Estado colombiano no tenga que cubrir los gastos ocasionados por la corrupción de Odebrecht en el contrato de la Ruta del Sol II no puede leerse como una amenaza a la estabilidad financiera del país. Al contrario, se trata de un respaldo inequívoco al respeto a los recursos públicos, un rechazo a las vías ilegales para obtener licitaciones y un alivio para las arcas de la nación. En lugar de lamentar que las pérdidas no menores que puedan reportar los bancos por este mal negocio puedan hacer más compleja la financiación de los proyectos de infraestructura del país, debemos celebrar que haya más incentivos para cerciorarse de que los dineros invertidos no vayan a ser empleados con fines inadecuados.
Desde el 2016 estaba en veremos una decisión. Cuando se supo que la multinacional Odebrecht incurrió en sobornos para que le permitieran construir y operar la Ruta del Sol II, inició un pleito legal para saber qué hacer con ese contrato. Todo estaba pendiente del fallo de un Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. El martes, los tres árbitros del caso, Catalina Hoyos, Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Mauricio González, por fin llegaron a una conclusión: el Estado solo deberá pagar $211.273 millones del más del billón de pesos que se había solicitado. En síntesis, el Tribunal encontró que “no (se) puede aceptar una fórmula que, en la práctica, se traduzca en cohonestar que la Agencia Nacional de Infraestructura pague por la corrupción de Odebrecht y los sobrecostos de la Concesionaria y de Consol”. Por eso, declaró la nulidad del contrato.
Se trata de una decisión justa en un pleito que tenía la indignación de los colombianos por el aire. ¿Por qué el Estado tendría que entrar a solventar las deudas ocasionadas por un contrato obtenido a punta de corrupción? Más aun cuando, como lo dijo el mismo Tribunal, existen “pruebas suficientes para sostener que los recursos de la Concesionaria atendieron a los más variados fines y no únicamente los que comporta la satisfacción del interés público”. Incluidos en esas consideraciones están, por ejemplo, los US$6,5 millones pagados al entonces viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, con el fin de que garantizara que nadie más se quedara con el negocio.
Una indignación que, con razón, se exacerbó cuando hace apenas una semana el Ministerio de Transporte propuso una conciliación para cubrir las deudas de los bancos en este caso, como terceros de buena fe, por una cifra ampliamente superior a la que al final estipuló el Tribunal. Si bien la intención de hacer un arreglo previo y en buenas condiciones puede justificarse desde un punto de vista meramente financiero, esa negociación anticipándose a la decisión del Tribunal era una afrenta a la posición jurídica del Estado en el pleito.
Los bancos (AV Villas, el Banco Popular, el de Occidente, el de Bogotá, Davivienda, Bancolombia e Itaú), que prestaron los recursos de buena fe, ciertamente salen damnificados por la decisión del Tribunal. De ahí surge la tesis de que este fallo pone en riesgo la estabilidad financiera del país y, además, crea un incentivo para que no vuelvan a financiar las obras que necesita el país. Nos parece que ese raciocinio es peligroso.
Si bien no hay duda de que el golpe económico en este caso puntual es significativo, hay que considerar la alternativa: ¿debe el Estado entonces cubrir cualquier contrato que se caiga por corrupción? ¿Los recursos de los colombianos no deben, entonces, ser protegidos y respetados? ¿No bastan las ganancias que estos bancos han tenido y seguirán teniendo por todas las obras que sí llegan a buen puerto en Colombia?
Cuando se trata de corrupción, el mensaje debe ser contundente. La decisión del Tribunal de Arbitramento en este caso es una excelente noticia.
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