San Francisco de Sales es un municipio cercano a Bogotá, ubicado en la parte exterior del escarpe occidental de la Sabana y ampliamente conocido como “la estrella hídrica del Gualivá”. Los viajeros lo disfrutan por su ambiente campestre, lleno de atractivos naturales como bosques, limpias aguas y pintorescos paisajes. Es claro que su vocación es continuar suministrando agua, servicio ambiental que ha sido además critico para otros municipios menos bendecidos en este sentido, sobre todo en los pasados años secos. También en los años de extrema lluvia, como el famoso reciente fenómenno de La Niña. Sus coberturas naturales han resultado en que ostenta el registro de un mínimo de catástrofes naturales asociadas con la furia de las aguas. Es un municipio, diríamos en términos de hoy, ampliamente adaptado a los cambios ambientales. Además, sus bellos paisajes y su biodiversidad asociada lo convierten en un potencial foco de desarrollo de industrias relacionadas con el turismo de naturaleza. No hay un sitio tan cerca de Bogotá, con una biodiversidad tan sorprendente: de hecho, el Instituto Humboldt, que recientemente visito el área, prepara para la comunidad científica y la ciudadanía una serie de sorpresas asociadas con su riqueza de especies y ecosistemas de alta montaña. Los primeros resultados confirman que se trata de un verdadero santuario de fauna y flora
Sorprende, por decir lo menos, que un sitio así ya esté en vías de convertirse en un municipio minero. En el corazón de los bosques, en el lugar conocido como el cerro de Camacho, de manera inexplicable, la CAR otorgó una licencia en las fincas Piamonte, propiedad de la comunidad salesiana —que le da nombre al municipio—, para una cantera de recebo y otros materiales. Aunque existieron voces de alerta de varios funcionarios de la entidad, pues saltaba a la vista el absurdo ambiental —no sólo por su riqueza ecológica, sino también por ser una de las fuentes del río Sabaneta, afluente principal del Gualivá—, la Corporación siguió adelante basada en un concepto de planeación del Municipio, en que sostiene que la zona del proyecto de la cantera no tiene árboles ni tiene pendientes mayores del 20 %. Curioso concepto, cuando nuestro instituto de biodiversidad da cuenta que se han encontrado con el robledal más importante de la región. Lo más grave es que la licencia minera cubre no sólo las 25 hectáreas otorgadas por la CAR, sino también la totalidad del escarpe y parte del páramo de El Tablazo; o sea, más de 1.000 hectáreas.
Los interesados en la explotación minera mantienen su intención en silencio al punto que prácticamente ningún vecino ha sido enterado del proyecto y, en poco tiempo, se dice, comenzarán las primeras talas y adecuaciones. Hay alarma no sólo en los propietarios de las ocho reservas de la sociedad civil situadas en estas alturas, también comienza a sentirse un ambiente de desconfianza entre toda la comunidad.
Es sabido que Colombia está llena de títulos mineros y que prosperan licencias. También es claro que, cuando se presentan conflictos —como el que mencionamos en ciernes—, los mismos se escalan hasta la intervención de las cortes. Hay jurisprudencias muy claras frente a lo que en estos casos deben hacer los municipios. En este caso, la llamada es la CAR de Cundinamarca. Pues no sólo está en juego la percepción de su autoridad y sustento técnico, sino también la legitimidad de las instituciones que representan los intereses de las comunidades. De lejos, no tiene sentido que un municipio que ya es conocido por ser nacimiento de numerosas aguas, que benefician a toda la región, deba iniciar el viacrucis de la minería.
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