Del total de 85 congresistas implicados en la parapolítica, 44 han renunciado a su fuero para quedar en manos de la Fiscalía. Argumentando falta de garantías en la Corte Suprema, a la que en el mejor de los casos tildan de antiuribista y sesgada, algunos parlamentarios a los que les han abierto procesos en la parapolítica han contribuido a que se tienda un manto de duda sobre el quehacer independiente de la justicia. Con el tiempo, lo que parecía una decisión personal se convirtió en una suerte de estrategia utilizada para ponerle todo tipo de trabas al vertiginoso avance de las investigaciones contra quienes se lucraron de los grupos armados ilegales para hacer política. Ahora no sólo existen sectores de la opinión pública que dudan de la Corte, sino que, en el otro extremo de la inevitable polarización, hay quienes cuestionan la labor y diligencia de la Fiscalía.
Frente a los opositores que estiman que la medida es contradictoria, o a lo sumo tardía, habría que recordar que si hace dos años los mismos nueve miembros de la Sala Penal de la Corte rechazaron la posibilidad de impedir el cambio de juez, lo hicieron por un voto en contra. Consenso no hubo, como no lo hay en la actualidad tras la estrecha votación de cinco a favor. Pero la preocupación por el cambio de jurisprudencia viene de tiempo atrás. Antes que paradójica, estamos ante una decisión polémica sobre la que sí sería deseable menos vacilación por parte de los magistrados.
De la indecisión, sin embargo, no se debe culpar única y exclusivamente a la Corte. Lo que parece surgir de la controversia es un vacío jurídico ocasionado por el problema de no saber con certeza quién es el encargado de juzgar a los altos funcionarios. Los pequeños delitos penales tienen su lugar en la justicia colombiana, pero los instrumentos para atacar a los delincuentes de alto nivel escasean. La modificación de la jurisprudencia supone un avance en esta materia, y de aquí que merezca el apoyo que en algunos sectores ha recibido.
Es más, la justificación que realiza la Corte en su expediente supone un entendimiento más profundo del fenómeno de la parapolítica. Considerar que quienes luego fueron congresistas asistieron a reuniones con paramilitares en calidad de simples espectadores ya no es plausible. Si la Corte llegó a sostener que quienes renunciaban a su curul podían ser juzgados por la Fiscalía en razón a que el delito de concierto para delinquir, común en los procesos por parapolítica, no guardaba relación alguna con las actividades y funciones de los congresistas, otra es en adelante la consideración con la que se adelantarán las investigaciones.
Como bien lo han explicado expertos y analistas, y lo corroboran los propios paramilitares, la parapolítica también tuvo por objetivo la cooptación del aparato estatal. Quien se hizo elegir con la ayuda de los paramilitares, es porque tenía la intención de legislar en beneficio de intereses particulares ilegales. Se sigue de ello que la Corte, a diferencia de la doctrina anterior, está habilitada para investigar delitos cometidos antes y después del período de tiempo en que el congresista ejerce su trabajo legislativo.
Más allá de la estrategia procesal de los implicados, la Corte nos recuerda a todos que antes que un castigo, el fuero parlamentario se erigió en la Constitución del 91 como una garantía institucional de que, en razón a su preeminencia, los congresistas serán juzgados por el máximo orden de la jurisdicción ordinaria.