Dentro de las discusiones sobre el Plan de Desarrollo en el Concejo de Bogotá, la atención se la llevó el interés de enajenar la ETB, pero dentro de las soluciones para la movilidad hay una en particular que no deja de ser polémica por sus implicaciones simbólicas y prácticas. La propuesta del alcalde Enrique Peñalosa de permitir la exención del Pico y Placa a cambio de un pago voluntario modifica por completo la utilidad de esa medida, y no deja de abrir la puerta a un tipo de segregación social.
Con una votación de 24 contra 14, el artículo 79 del Plan de Desarrollo fue aprobado por el Concejo de Bogotá, lo que en la práctica significa que queda autorizado el pago voluntario por libre circulación, que exime a quienes lo aprovechen de la restricción del Pico y Placa. En teoría, los ciudadanos podrán pagar el impuesto vehicular por adelantado cada año, y así saltarse la medida.
Según la Secretaría de Movilidad del Distrito, en la capital hay más o menos 1,8 millones de vehículos, de los cuales la mitad tiene una restricción de movilidad cada día. Según un estudio de 2012, el 97 % de los residentes en Bogotá entiende y valora la utilidad de la medida. Sin embargo, y como es evidente, la movilidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la ciudad.
Según la visión de la Alcaldía, la capital necesita una intervención radical para destrabar sus problemas de movilidad, y eso requiere la obtención de cuantiosos recursos. “Entre 60.000 y 100.000 hogares pagarían esa contribución”, dijo el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, quien además insistió en que es necesario tener el dinero para invertir en la ciudad. También circula la idea de que las personas que pagarían el impuesto son las mismas que comprarían un segundo vehículo y, por ende, darles la posibilidad de pagar una exención reduce la congestión por minimizar las nuevas compras.
Hay, no obstante, dos problemas evidentes con esa lógica. El primero es que de todas maneras se está inyectando un número considerable de vehículos en las horas pico, cuando ya, de por sí, la ciudad está colapsada. Permitir que varios bogotanos se salten la restricción es herir la utilidad del Pico y Placa, medida extrema para agilizar la movilidad. Ahora, si el interés es económico, no es claro cómo los nuevos recursos son suficientes para suplir los nuevos costos sociales para las personas que tendrán que estar más tiempo en un trancón al movilizarse dentro de la capital. ¿Se están tapando huecos fiscales o de verdad vamos a mejorar el transporte público de manera considerable? Ojalá sea lo segundo, pero quedamos a la expectativa de planes más concretos.
El segundo punto tiene que ver con la carga que se les impone a quienes no pueden pagar la exención. Sí, salirse del Pico y Placa es voluntario, pero genera más demoras para quienes sólo tienen un carro, del cual depende para muchos su sustento diario. ¿Está justificada esa discriminación con base en la capacidad de pago de los ciudadanos? ¿Se les está imponiendo un impuesto indirecto con costos sociales que existen, aunque sean más difíciles de calcular? ¿No había otras formas de obtener los recursos requeridos?
Entendemos que la Alcaldía está buscando las formas de financiar su proyecto de ciudad, y esos planes, cuando sean concretos, son más que bienvenidos. El empleo de peajes para las nuevas vías, o aquellas que sean reformadas, que también fue aprobado, es una buena idea para empezar a dinamizar la movilidad de la capital. También es apenas justo que los blindados paguen a cambio de no tener restringida su movilidad, pues asistíamos a una especie de feria del blindaje para esquivar la medida. Pero en ese afán por solucionarlo todo, hay consideraciones más allá de la conveniencia fiscal que no pueden dejarse de lado, y la reforma al Pico y Placa promete crear cargas desiguales entre las personas. No hay que dejar de pensar en los del medio de la escala socioeconómica.
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