Porque en un tema tan sensible e importante para nuestra democracia, el pluralismo informativo y el esparcimiento y la cultura de los ciudadanos, sería de esperar que las autoridades competentes actuaran con mayor sentido de su responsabilidad pública y, desde luego, con mayor transparencia.
Nadie discute la conveniencia de que exista un nuevo protagonista en el escenario de la televisión colombiana, si bien es cierto que hubiese sido mucho más oportuna esta decisión hace un par de años, con una economía en pleno crecimiento, y no en los tiempos presentes en los que resulta aventurado augurarle un buen suceso al nuevo concesionario.
Pero basta ver la cadena de yerros y problemas que ha tenido el proceso, sin que el mismo haya iniciado formalmente, para llegar a la conclusión de que la Comisión Nacional de Televisión y la Ministra de Comunicaciones han obrado de manera extemporánea y con absoluta incuria e improvisación. El último de ellos, el pasado viernes, mediante el cual se corrigió en menos de 24 horas el primer aviso del concurso.
Pero los cuestionamientos van mucho más allá. Es común escuchar que se trata de una licitación con cartas marcadas en la que, aún sin empezar el concurso público, se conoce de antemano el beneficiario. No se entiende, tampoco, que si los tres interesados en participar en la licitación han acreditado una experiencia internacional en el sector que está por fuera de toda duda, la adjudicación esté signada por un factor absolutamente subjetivo, como la calidad de la programación. Si la nueva ley de telecomunicaciones permite utilizar la subasta para este efecto, cuyo uso han recomendado los entes de control, ¿por qué se empeñan la Ministra y los directores de la Comisión en dejar de lado este sistema que maximiza los ingresos fiscales, un bien público escaso y mucho más por estos días?
El Gobierno debería actuar para evitar las suspicacias. Que crecen al paso de su inusitado afán por acelerar el proceso, cuando los aspectos legales aún están por esclarecerse, en medio del conflicto de criterios entre el Consejo de Estado, de una parte, y la Procuraduría y la Contraloría, de la otra.
Sin que sea absolutamente claro si los opcionados están impedidos, ¿por qué se pretende poner en marcha la licitación a toda costa? ¿Acaso porque lo que se quiere es poner a tiempo en el espectro electromagnético un canal al servicio de una candidatura presidencial en particular, algo que por lo demás solamente podría hacer, en sus emisiones de prueba, uno de los participantes en el proceso, que tiene un canal en funcionamiento y es precisamente aquel para el que se piensa se está adecuando la licitación?
De ser así, estaríamos ante un descomunal desafío a la integridad del proceso electoral que se avecina, lo que compromete la democracia misma, la igualdad de los candidatos en la contienda política y las más mínimas garantías que una sociedad madura y estable ofrece en estas circunstancias, tanto más cuando el propio Presidente podría ser uno de los candidatos. Lo correcto, ante la sola duda, sería que los colombianos escucháramos de labios de su Presidente que, como jefe de Estado y garante de la democracia, se compromete a suspender esta licitación hasta después de las elecciones presidenciales.
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