Es decir, que gobiernen hasta 2018 junto con nuestro reelegido presidente. Suena bien en teoría y a primera vista: se trata, dicen, de la oportunidad de que haya coherencia entre el Gobierno Nacional y el local. Más específicamente, de que los planes de desarrollo de unos y otros no choquen entre sí. Observada con más detenimiento, sin embargo, la propuesta luce algo insólita.
Estando de moda el tan mentado reequilibrio de poderes —que por cierto hace falta en el país—, esta es una salida de lo más contraria a ese propósito: bien fácil prever que en 2018 saldría un líder político de candidato a la Presidencia y, de ahí en adelante, podría alentar en las regiones a otros muchos políticos a que se sumen a su campaña: un partido único con la mayoría de plazas municipales y regionales mandando en Colombia. Todos a una: el absurdo de que cada funcionario sea manejado —“coordinado de manera armónica”, se dirá en la capital— desde la Casa de Nariño. Sería “un momento histórico”, sin duda, como lo califica el líder de esta propuesta, el alcalde de Pasto, Hárold Guerrero López.
Premoderno sí es, por lo menos. ¿Qué hay de malo en que no coincidan los planes del Gobierno central con los de los locales? ¿No se trata de eso la descentralización: que las ciudades tengan una autonomía consolidada en lo que a sus decisiones concierne? ¿Y no están previstos en nuestra Constitución los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad para la correcta administración pública? ¿Los quitamos también de en medio y nos uniformamos todos bajo una misma sombrilla política? Absurdo. Un retroceso.
Pero habría más, sin duda, con la modificación del articulito. En primerísimo lugar estaría la posibilidad de que a funcionarios elegidos para un período determinado se les estirara su permanencia en los cargos públicos. Porque sí. Y a son de nada ideal: que coincidan sus planes de gobierno, milimétricamente, con los planes del gobierno central. Tres años más tendríamos al gobernante local mandando en cada municipio y cada departamento, así la ciudadanía ya no quiera más. O así quiera. A la fuerza. No es así como se estará pensado el reequilibrio del poder en Colombia, ¿o sí?
Lo otro es, por supuesto, que la iniciativa parte de quienes están ahora en el poder. Un traje hecho a su medida más conveniente. Algo que no aguantaría una sola mirada de la Corte Constitucional: ¿O ese es el camino ahora? ¿Que cada cual haga su pequeña reforma en beneficio propio?
Ya lo hemos dicho sobre este tema: es fundamental que en Colombia, después de introducir la desafortunada figura de la reelección, el poder tenga un nuevo sistema de pesos y contrapesos que limpie la gestión pública. Que tenga en cuenta que los funcionarios no son ángeles y que, por tanto, deben tener una serie de controles, puestos a prevención. Pero esto que estamos viendo (lo de los alcaldes incluido) luce más como el aprovechamiento de un boquete abierto para introducir beneficios personalísimos y no generales. Llegó la hora de que en esta discusión se ponga al país por delante. El futuro institucional de Colombia pende hoy de un hilo: ¿lo vamos a romper? Ojalá que no.