El último de los elegidos ha sido el ex vicefiscal Jorge Armando Otálora, el mismo que no hace mucho ejerció como asesor jurídico de David Murcia Guzmán en el caso de DMG. El juez cuarto especializado de Bogotá, en ese caso, acaba de solicitar que se adelanten investigaciones contra personas cercanas al cerebro de la comercializadora, incluidos los muchos abogados con que contó para su defensa Murcia Guzmán. Resulta paradójico que quien por mandato constitucional será uno de los encargados de dirimir los conflictos de competencia entre jueces, además de ser quien investiga y sanciona a jueces y abogados, sea hoy uno de los escrutados en la Fiscalía.
No es la primera vez que sus actuaciones, legítimas claro está, como abogado defensor le traen inconvenientes a Armando Otálora. Por la época en que fue nombrado vicefiscal, se alertó frente a posibles impedimentos: la oficina del abogado Gerardo Barbosa, entonces su socio, le prestó sus servicios a Alberto Santofimio cuando fue detenido por el Proceso 8.000; fue defensor de Hernando Rodríguez, cerebro del caso Foncolpuertos; del entonces concejal de Bogotá Guillermo Fino, quien habría recibido dinero a cambio de entregar un millonario contrato cuando se desempeñaba como presidente del Seguro Social; y abogó por uno de los presuntos narcotraficantes que cayeron en una redada hecha en noviembre de 2000 con el nombre de Operación Nueva Generación.
Pero Otálora no es el único magistrado que despierta dudas. Ahí está Ovidio Claros, a quien el Consejo de Estado retiró su investidura en 2004 por violación de inhabilidades, pero que igual fue elegido por el Congreso. En calidad de presidente de la sala disciplinaria, Claros la emprendió contra la Corte Suprema de Justicia después de que el Consejo Superior de la Judicatura anulara, a través de una tutela, el fallo proferido por la Suprema contra la ex representante Sandra Arabella Velásquez, condenada a seis años de prisión.
Angelino Lizcano Rivera, quien ocupó la Subsecretaría General y, posteriormente, la Secretaría General de la Cámara de Representantes, fue igualmente elegido magistrado. Y ello pese a que por todos es sabido que el congresista Luis Fernando Almario, investigado por presuntos vínculos con las Farc y por estar involucrado en el asesinato de su competidor político, el ex representante a la Cámara Diego Turbay Cote, fue uno de sus más determinantes promotores políticos.
Sobre el magistrado Pedro Sanabria pesa la grabación que lo acusa de haber recibido dineros de DMG para la financiación de su campaña a la Gobernación de Boyacá en 2006. Y hay quienes insisten en que su llegada a la sala disciplinaria se explica por su cercana relación con el ex senador Ciro Ramírez, quien está en un proceso judicial por el presunto delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.
No es esta, en suma, una corporación a tono con el llamado gubernamental a reformar la justicia y garantizar su independencia. Algunos de sus más polémicos y recientes fallos mueven a la preocupación. La sala disciplinaria anuló el fallo en que la Corte condenó al congresista Díaz Mateus por el delito de concusión derivado de las prebendas que, según Yidis Medina, le fueron ofrecidas por el Gobierno para favorecer el proyecto de reelección presidencial. Y ordenó, en otro aparente ejemplo de retribución, que la investigación contra el Ministro de la Protección Social por el delito de cohecho fuese borrada de un plumazo.