La radiografía del país, plasmada en este completo y serio informe, evidencia que hay mucho por hacer frente al fenómeno de los llamados “falsos positivos”, tanto en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, como en los casos que se encuentran en la justicia penal militar y deben pasar a la justicia ordinaria. Colaboración que, por lo demás, no parece estar funcionando, según este reporte de la ONU. El total aproximado de casos de “falsos positivos” que señala el informe es de 2.500, con unas 3.000 víctimas; el 89% de los casos habrían ocurrido entre 2004 y 2008.
Según este diagnóstico, la amenaza principal para el Estado de Derecho y los Derechos Humanos son los grupos surgidos del proceso de desmovilización paramilitar, las llamadas bacrim, que por lo mismo son el gran reto; no sólo por su capacidad de generar violencia —hubo un aumento de masacres de aproximadamente un 40% en 2010, con 179 víctimas—, sino por su alta capacidad de corrupción dentro del Estado: Fuerza Pública, autoridades locales, jueces y fiscales. En este punto en particular, la Alta Comisionada pide al Estado una respuesta integral y efectiva en su combate, además de valorar los informes del Sistema de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, que como se ha dicho en numerosas oportunidades, han advertido a las autoridades tanto sobre asesinatos como sobre masacres que pudieron ser evitados.
En este contexto no pueden omitirse los asesinatos de los líderes rurales. El proceso de ley de víctimas y restitución de tierras, que algunos han llamado la gran “audacia” del gobierno Santos, podrá implementarse so, y sólo si, existen mecanismos de protección efectivos para garantizar la vida de quienes reclaman su tierra. En este aspecto, la Alta Comisionada es clara y llama al Gobierno a que le dé la misma importancia a la protección de la vida que a la restitución.
Un cuarto reto, que no olvida la opinión pública, es el de las llamadas chuzadas del DAS. El informe lo reitera, como en años anteriores, y advierte sobre la continuación de estas prácticas ilegales. Urge, entonces, a que se den “pasos decididos” para asegurar que las agencias de inteligencia se ajusten a los derechos humanos y a un Estado democrático. Asimismo, exhorta a que las investigaciones judiciales avancen para establecer y condenar a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.
Las elecciones de 2011 son el quinto reto que enfrentará el Estado. La amenaza de la parapolítica aún no termina y pese a las investigaciones que se adelantan, todavía intereses ilegales mueven sus fichas para continuar con el poder local en las regiones. Lo evidencia el Informe al advertir que hay señales de alerta y que deben desarrollarse mecanismos eficaces de vigilancia. En la actualidad, 13 congresistas reelegidos son investigados penalmente por la Corte Suprema.
El sexto reto, no menos importante, es el del conflicto armado y la exigencia permanente del respeto al Derecho Internacional Humanitario por parte de las guerrillas, que se han hecho las de las “orejas sordas” ante esta exigencia internacional.
Con esta clara ruta delineada por la ONU, y sobre la cual tendrá su ojo avizor, vale preguntarse: ¿La justicia penal militar entregará los casos de ejecuciones extrajudiciales a la justicia ordinaria? ¿Se desarrollará un plan integral de protección de la vida de quienes reclaman sus tierras? ¿Se podrá controlar la corrupción y la connivencia de funcionarios civiles y militares con los grupos posdesmovilización? ¿Se interpondrán los controles necesarios para prevenir más chuzadas? ¿Podrá pasar el Gobierno del “desarme de la palabra” a la acción? La tarea ha quedado clara. Ojalá se desarrolle pronto y con buena letra.