Las armas, con y sin salvoconducto, son miradas de reojo por las autoridades competentes que, cifras en mano, invocan las altas tasas de homicidios no relacionados con el conflicto que vive el país.
En esta ocasión, justo es decirlo, lidera el tema el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien en cabeza de la Federación Colombiana de Departamentos se esforzó por hacer extensiva a otros lugares del país una iniciativa que ya había puesto en práctica con éxito en su jurisdicción. El propio vicepresidente, Francisco Santos, retomó la siempre polémica campaña de la restricción al porte de armas y planteó la posibilidad de un desarme total. Enfoque contrario al del ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, para quien el uso de armas con salvoconducto es requerido en algunas zonas del país y lo que precisa atención es el control de las armas ilegales.
La diferencia no es poca. Por años han existido los que se oponen a la prohibición total del porte de armas y exigen del Estado el monopolio de la seguridad, y quienes defienden su derecho a la defensa por considerar que ésta no les está garantizada por las autoridades encargadas de cuidar y mantener el orden. Al respecto, el general Óscar Naranjo por un momento le dio la razón al Vicepresidente cuando constató que en “una sociedad desarmada se mata menos”.
Lo cierto es que en 21 de los 32 departamentos que tiene Colombia habrá restricción en el porte de armas hasta el 7 de enero del próximo año. La campaña, bautizada “Navidad sin armas”, ya produjo algunas consecuencias tangibles, según cifras oficiales. Un total de 43 personas fueron asesinadas con un arma entre el lunes y el martes de esta semana, es decir 24 homicidios menos que los perpetrados en la celebración de la Noche de las Velitas del año anterior. En estricta aplicación de la observación del general Naranjo, los promotores de la campaña esperan con razón a que durante el mes de diciembre el número de asesinatos disminuya.
Las cifras son elocuentes. De los 15.251 homicidios cometidos en 2008, 10.820 fueron perpetrados con un arma de fuego. En lo que va del año, el número asciende a 14.758 y según los cálculos de la Policía, ocho de cada diez personas murieron bajo el fuego de un arma. De modo que los defensores de la seguridad privada y personal, si asumimos que las autoridades multiplicarán sus esfuerzos para atacar el problema de las armas ilegales, van perdiendo terreno y razones para justificar su derecho a andar armados en la calle y los lugares públicos que frecuentan.
Lo que sí no guarda mayor coherencia y requiere una pronta revisión es el tema de la duración de las campañas. Nada asegura que, como en ocasiones anteriores, el tema del desarme pierda fuerza hasta extinguirse de la agenda pública y ser retomado, una vez más, en la siguiente etapa decembrina. Una “Navidad sin armas”, como reza el eslogan publicitario en boga por estos días, supone que a partir de enero las pistolas serán nuevamente toleradas como bienes que forman parte de la canasta familiar. Más que un diciembre sin armas, lo que la ciudadanía requiere es un año entero sin las mismas.
Por lo demás, que no sea esta una excusa para no debatir las preocupantes cifras de inseguridad que se registran en las principales ciudades del país. De no existir un análisis más allá de la contienda política, las armas pueden desaparecer, pero las razones para su uso perdurarán.