El presidente Juan Manuel Santos llevó a cabo un acto de reconocimiento de las falencias del Estado en su responsabilidad de evitar el exterminio del partido político Unión Patriótica (UP), gesto que, además de ser un cumplimiento de los acuerdos de La Habana, debe señalar el compromiso de este Gobierno y de todos los que vengan, a nivel nacional y local, de no permitir la estigmatización de los movimientos políticos de izquierda.
La historia de la UP es uno de los grandes fracasos de los esfuerzos de paz realizados en Colombia. Dentro de las negociaciones entre Belisario Betancur y las Farc, surgió la UP como un partido político que sirviera de alternativa política para darles voz a los sectores que se habían sentido marginados, de donde salieron muchos de los guerrilleros de los múltiples grupos armados que había en los 80 en Colombia.
El éxito electoral fue rotundo. En marzo de 1986 la UP participó por primera vez en un proceso electoral y obtuvo catorce curules a Senado y Cámara. Sin embargo, la respuesta del odio de quienes no querían compartir el espacio político también fue contundente: incluyendo dos candidatos presidenciales, siete congresistas, trece diputados, once alcaldes y 69 concejales, fueron más de 3.000 los miembros de la UP asesinados. En la práctica, eso significó la disolución del partido y envió un mensaje claro a los guerrilleros que estaban considerando regresar a la vida civil: “no son bienvenidos”.
Lo que pasó después es aún más preocupante y sirve para mostrar cómo en este país la impunidad no ha permitido conocer la verdad ni sanar heridas. Jahel Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar, dice que “tenemos un listado de 6.500 casos de crímenes cometidos contra la UP, pero apenas en 800 se reporta algún nivel de investigación judicial”.
Por eso, que el presidente diga que lo de la UP jamás debió ocurrir y admita que el Estado pudo haber hecho más para garantizar su protección, es un giro en el discurso histórico —es el primer presidente del país en hacerlo— y esperamos que sea el compromiso para que en Colombia no se persiga a quienes piensen distinto. Ahí está el futuro de la apuesta por la democracia que se está haciendo en el acuerdo entre el Gobierno y las Farc.
No en vano las voces de la izquierda vienen repitiendo una y otra vez que los asesinatos de defensores de derechos humanos son una advertencia peligrosa para el posacuerdo. Lo dijimos en el editorial sobre la muerte de Cecilia Culcué: que las fuerzas interesadas en silenciar las voces críticas no sean capaces de sembrar el miedo que lleva a situaciones como la ocurrida con la UP.
Si el país fracasa en abrir los espacios necesarios para que todos los sectores de la población, sean de izquierda o derecha, sientan que pueden participar en política, el esfuerzo con las Farc será inútil y las causas de la violencia seguirán vigentes.
Celebramos, entonces, que el Gobierno muestre la disposición de aprender de sus errores y que también los sobrevivientes del exterminio de la UP estén apostando, nuevamente, por las vías democráticas. Ya vimos lo que ocurrió cuando las armas sabotean la democracia. Esperemos que, ahora sí, podamos luchar únicamente en los espacios políticos.
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