Por fortuna, tal espaldarazo está circunscrito a unos pocos concejales. Miembros de su propio partido, el Polo Democrático Alternativo, como Carlos Vicente de Roux, hicieron explícito que su permanencia en el cargo es insostenible. El presidente del partido, Carlos Gaviria, le retiró su apoyo. Lo propio hicieron Gustavo Petro y Jorge Robledo. El alcalde Samuel Moreno, a quien la Procuraduría le abrió investigación preliminar después de que se supo que unos días antes de las elecciones se realizó una reunión en casa de María Eugenia Rojas, madre del burgomaestre, en la que participaron Rojas Birry, el senador Iván Moreno y el propio David Murcia en compañía de Daniel Ángel y Margarita Pabón, también le sugirió que considerara la renuncia temporal.
Y sin embargo, Rojas Birry no sólo se atornilla a su cargo, sino que decide no acudir al debate que el Concejo de Bogotá le hizo el jueves pasado, como si sus propios electores no merecieran una mejor explicación que la que supone su ausencia. La Procuraduría y la Fiscalía, como es de rigor, habrán de realizar las investigaciones sobre los 200 millones de pesos que aparentemente le fueron entregados a Birry, quien en ese entonces colaboraba con Moreno en la campaña a la Alcaldía. E igual destino les espera a los rumores que se ciernen sobre la posibilidad, ya desmentida pero convertida ahora en caballo de batalla de más de un opositor, de que dinero de DMG se haya infiltrado en la campaña que a la postre resultó ganadora. Dinero que, dicho sea de paso, provendría de una empresa que en ese momento operaba de manera legal.
El episodio, entre tanto, ha dado para todo tipo de interpretaciones. Hay quienes desde la orilla uribista reniegan de la supuesta doble moral del Polo Democrático Alternativo y sus principales líderes, siempre listos a ondear la bandera de la pureza moral cuando de endilgarle faltas al Gobierno y sus cercanos se trata. Otros, en respuesta, señalan un complot que pesca en río revuelto para hacer extensivo el manto de duda que pesa sobre el Personero a la figura y legitimidad del Alcalde. Exigen, con razón, que en el momento de señalar culpables se proceda de manera individual y sin caer en la tentación de las generalizaciones e insisten en que un caso de supuesta corrupción como el que aquí se plantea, nada tiene que ver con otras historias moralmente reprobables y por todos conocidas.
Lo que sí está fuera de duda es que, de entrada, haber escogido como personero de la ciudad, como persona encargada de ejercer el control disciplinario de los 58 mil funcionarios que tiene el Distrito, a una persona tan cercana al Alcalde, aunque ajustado a la ley, no tenía presentación alguna. Es en esto, quizás, en lo que habríamos de detenernos, mientras las autoridades avanzan en sus investigaciones. La política no puede ser ese ejercicio del poder público que en su mayoría se reduce al pragmatismo. No es por nada que el 89 por ciento de los colombianos, según la encuesta de legitimidad institucional realizada en 2007 por la Universidad Nacional, “nunca o casi nunca cree en los políticos”. Y de los políticos, paradoja aparte, depende en buena parte la suerte del ciento por ciento de los colombianos.