Hace unas semanas utilizamos este espacio para celebrar la condena contra Aída Merlano por tratarse de un mensaje contundente de que la democracia en Colombia no puede sabotearse. Nuestro emoción, sin embargo, fue prematura, pues la vergonzosa fuga de la exparlamentaria les dio otro golpe severo a las instituciones del país y a la administración de la justicia. La pregunta que planteamos hace unas semanas sigue vigente: ¿para cuándo los resultados de las investigaciones sobre los cómplices de Merlano?
No tiene presentación. Aprovechando una cita odontológica, la exparlamentaria utilizó una cuerda y un arnés (¿de dónde salieron?) para bajar desde un tercer piso. La esperaba un motociclista que la ayudó a huir. ¿Por qué se le redujo el nivel de riesgo a una condenada de tan alto nivel? ¿Por qué se le permitió salir de la cárcel El Buen Pastor con baja seguridad? ¿Quiénes colaboraron en el escape?
Esto es una vergüenza para El Buen Pastor y para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). También sufre la imagen de las autoridades judiciales y el Estado colombiano. ¿Cómo es posible que se logre una condena por compra de votos, un delito muy común y con mucha impunidad en Colombia, y no podamos mantener asegurada a la persona que cometió el crimen?
Margarita Cabello, ministra de Justicia, pidió la renuncia del director del Inpec, general William Ernesto Ruiz Garzón; la directora de El Buen Pastor, Diana Muñoz, y la subdirectora del centro penitenciario. Se trata de una decisión acertada. Este tipo de hechos no pueden ocurrir sin responsabilidades. La ministra también se comprometió a tomar “acciones necesarias para que, a través del Inpec, se revise el adecuado cumplimiento de los protocolos de seguridad aplicables a las personas privadas de la libertad”. Es lo mínimo.
Queda en el aire el sabor amargo de que Merlano se estaba acercando a un necesario acuerdo con la Fiscalía, lo que permitiría obtener información sobre sus cómplices. Su red de compra de votos no se construyó sola y la Corte Suprema de Justicia ya ha ordenado investigaciones contra 17 personas. Ahora con más urgencia, las autoridades deben identificar la responsabilidad de todos los involucrados y contarle al país quiénes se beneficiaron de ese saboteo a la democracia.
En plena época electoral es descorazonador que se envíe un mensaje de impunidad a los corruptos. Si alguien como Merlano puede fugarse, pese a tener una condena de 15 años encima y, además, haber cometido un delito tan grave contra el bienestar público, ¿cómo podemos decir que somos un país que avanza contra la corrupción?
Sería muy útil que las autoridades demuestren su poder y recapturen a Merlano. Es esencial, además, que se sepa quién la ayudó a escapar y que los reflectores no se alejen de quienes se benefician de su silencio. Ante esta debacle, debemos recuperar la legitimidad de la Rama Judicial.
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