Como se recuerda, el vicepresidente, Angelino Garzón, retó en los medios a los técnicos encargados de la medición a salir a mercar con $190.000. Una intervención cuyo desatino sólo pudo ser comparado con la arrogancia del DNP, entidad que se limitó a señalar que se trataba de un asunto técnico, como si por técnico el índice fuera incuestionable, incluso desde la política. Aunque han pasado tres meses, no sobra recordar que el Gobierno está en la obligación, no en la cortesía, de ofrecer explicaciones a los colombianos, incluso cuando éstas son complejas y específicas. De cualquier forma, este desencuentro, aunque por desgracia opacó el punto más importante del Índice Multidimensional de Pobreza —a saber, el radical déficit de vivienda que enfrenta el país—, evidenció, una vez más, la inaplazable tarea de mitigar la desconfianza que genera en el grueso de la población la versión oficial de los datos.
Una versión de la cual lo realmente difícil es su interpretación estadística, no los microdatos que la sustentan. Finalmente, éstos son recogidos continuamente por cientos de encuestadores dispersos por todo el territorio y, si bien puede haber problemas en la metodología de formulación y en la práctica de la recolección, la desconfianza, no sin razón, se encuentra en la manera central de agregarlos. El disgusto de hace tres meses, por ejemplo, no giró alrededor de las encuestas, sino en torno a la interpretación estadística que estableció la línea de pobreza en $190.000. ¿Cómo se calculó? ¿Por qué se calculó así? ¿Podría haberse calculado de otra manera? Preguntas palpablemente legítimas. Como lo son las de los porcentajes de desempleo, subempleo e informalidad. O las de desnutrición infantil, maltrato y abandono. El país puede interrogar. Y el Gobierno debe explicar o —mejor aún— permitir la propia construcción estadística de manera independiente.
Es mucho lo que se ganaría en transparencia y conocimiento si los microdatos fueran de libre acceso, de forma que cualquier persona con conocimientos técnicos pudiera entrar a elaborar sus propios indicadores paralelamente a los oficiales. Es verdad que hoy tal acceso es posible, pero se requiere de convenios entre el Gobierno y ciertos centros investigativos en procesos más bien engorrosos y sujetos al capricho del funcionario de turno. Así, ni todos tienen acceso, ni los que lo tienen lo tienen todo el tiempo. Lo que da pie no sólo a la generación de grupos de privilegio y vacíos de información, sino a un mal mayor: el flujo de datos por debajo de la mesa, sin los mínimos de seguridad para los ciudadanos encuestados en cuanto a la identidad.
El DANE ha dado el primer paso, loable, y, tras un par de procesos legales y la implementación de unos ciertos protocolos, montó en su página todos los datos de sus encuestas, resguardando la información que debe mantenerse confidencial, esto es, la que permitiría identificar al hogar encuestado —nombres y direcciones—, pero compartiendo la que permite conocer la realidad nacional —número de hijos, edad de los padres, monto del ingreso, etc.—. Sin embargo, este paso, aunque importante, no tendrá el impacto que se requiere si no está acompañado por el resto del Estado, pese a que es su deber darlo también. ¿Qué impide al Ministerio de Protección Social, por ejemplo, publicar la encuesta ENDS o al DNP publicar el panel longitudinal que va a salir? ¿Por qué el Icfes no publica los microdatos de los resultados de las pruebas Saber o de los estudios de deserción? ¿Por qué no hacen lo mismo las alcaldías locales con sus bases de datos? El Gobierno sabe calcular, pero los colombianos también. ¿Cuál es el propósito de imposibilitarlo?