Ha dicho la Registraduría que cuentan con un plazo de seis meses para conseguir 1’608.410 firmas. Ellos, el Comité Unidos por la Vida, dicen que pueden conseguir nueve millones. Claro que pueden. No es nuevo que una iniciativa de estas tenga acogida. Es un mal entendimiento de cómo funciona una democracia en un Estado Social de Derecho.
Si bien se trata de seguir la voluntad de las mayorías, también (y sobre todo) se debe respetar los derechos de las minorías, tratando de no aplastarlas a través de la tiranía de los votos. En ese pretendido sentido antidemocrático es que quiere obrar este comité promotor. Y algunos otros sectores, que tienen fuerza: el aborto no ha podido avanzar como en otro lares y como es esperable en una sociedad moderna por culpa de ellos.
Desde el Congreso, también, 60 parlamentarios, liderados por el conservador José Darío Salazar, avanzan a todo vapor para recoger otros cientos de miles de firmas y convocar otro referendo. A como dé lugar.
No se han percatado (o se hacen los de la vista gorda) frente al elocuente hecho de que ya la Corte Constitucional fijó tres casos específicos en que las mujeres de este país pueden abortar: que la salud física o mental de la madre corra peligro, que el feto presente graves malformaciones incompatibles con la vida o que la mujer haya sido víctima de una violación, inseminación artificial no consentida o incesto. Es una decisión que compete a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y la protección, de hecho, debería ser más amplia: para todos los casos, mediante una decisión libre e informada de la mujer.
Pero no. Se empecinan muchos en lo contrario. En retroceder el estado de las cosas a como estaba hace años. Y no solamente son las trabas que los ciudadanos levantan (la sanción social, uno de los más grandes), sino es lo que algunos funcionarios quieren por encima de cualquier pensamiento razonable, de lo que ya la ley ha evolucionado: el procurador Alejandro Ordóñez, el primero. Ya tuvo la Corte Constitucional que recordarle que no, que las campañas por los derechos sexuales y reproductivos no son campañas masivas de la promoción del aborto, como se atrevió a afirmar.
Las contradicciones son delirantes. No solo esta de un defensor de la Constitución pretendiendo burlarla. Cuatro días no más antes de que la Registraduría diera el aval al Comité Promotor, Colombia firmó el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, aceptando “considerar la posibilidad de modificar las leyes y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo, para salvaguardar la vida y la salud de mujeres, mejorando su calidad de vida y disminuyendo los abortos”.
¿De qué lado estamos, entonces? ¿A quién le vamos a hacer caso? Por supuesto que defendemos los procesos democráticos, pero esto de someter a votación un derecho de una minoría resulta un exabrupto. Es fácil prever que ganará el lado recalcitrante que no acepta que una mujer tiene la decisión sobre su cuerpo. Y, entonces, subiremos, más, la tasa de abortos ilegales.
Sería mejor avanzar. Pensar en otras posibilidades. Nadie quiere el aborto: los “provida” no, evidentemente, pero las mujeres tampoco, ni nadie en la sociedad. Pero los derechos sexuales no pueden seguir siendo un tabú.