Colombia se la pasa en ciclos de indignación y distracción. Pasa porque la violencia, en todas sus manifestaciones, es tan común y tan horrible y tan difícil de combatir que los ciudadanos entran en letargos donde no se piensa en el debate público sobre ciertos problemas fuera de control. Hasta que ocurre algo que nos sacude la conciencia nacional; ahí resucitan los reclamos desesperados de justicia. Pero no hay solución fácil.
Dentro de las cicatrices nacionales, una que no sana y que cada tanto duele es el maltrato contra los menores de edad, usualmente acompañado de abusos sexuales inconcebibles. Según un estudio de la Alianza por la Niñez Colombiana, el país ocupa el cuarto lugar donde más niños y niñas son asesinados, pues dos casos de homicidios se presentan cada día y siete de cada diez homicidios son contra menores.
Sólo en el 2016, según la revisión que esta organización hizo de los datos de Medicina Legal, el 86 % de las valoraciones por presunto abuso sexual se hicieron a niñas, niños y adolescentes, en su mayoría niñas, y el agresor, en el 88 % de los casos, se identificó como una persona cercana a la víctima: familiar, conocido, amigo y pareja o expareja.
La semana pasada ocurrió uno de esos casos que despiertan a Colombia a esta realidad que venimos comentando. Una niña de tres años fue remitida al hospital Santa Clara. Tenía claros signos de maltrato y abuso sexual: fractura de cráneo, golpes y moretones en todo su cuerpo, quemaduras y lesiones en sus genitales. Aunque su diagnóstico era reservado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció el domingo que se encontraba fuera de peligro y bajo custodia del Estado. Una pequeña buena noticia en medio de esta tragedia tan cruel.
Cuesta pensar en quién sería capaz de cometer un acto así, pero las cifras nos recuerdan que, tristemente, no es una situación excepcional. Además, son actos que se parecen mucho a las dinámicas de abuso y maltrato en adultos. No es gratuito que sean personas cercanas, en su mayoría hombres, quienes violenten a menores, en su mayoría mujeres, aprovechados por la confianza de la cercanía y amparados en la complicidad del silencio.
Por lo anterior, es lamentable que la única respuesta que se da en el debate público, y en los liderazgos políticos, sean los reclamos desesperados, pero en últimas inútiles, por “más justicia”, entendida como más cárcel. Ya hemos discutido aquí en varias ocasiones la inconveniencia y crueldad de la cadena perpetua, además de su ineficiencia, pero sigue siendo una propuesta atractiva para muchas personas.
En el Congreso cursa un proyecto que propone, entre otras cosas, endurecer las penas, separar a los sujetos de la sociedad e, incluso, la castración química. Sin entrar a reiterar los argumentos ya utilizados antes en esta discusión, sólo volvemos al más importante: nada de eso funciona como disuasión suficiente, por lo que nos quedamos en paños de agua tibia para que la sociedad pueda sentir que está tomando medidas contra un problema mucho más complejo.
Y entonces, ¿qué hacer? Para empezar, motivar un debate político lejos del facilismo y que entienda que este problema tiene raíces profundas en la estructura de nuestra sociedad. ¿Cómo operan aquí la desigualdad de género y la de oportunidades para permitir la ocurrencia de tantas atrocidades? Eso es lo que debe responder Colombia.
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