¿Qué le resta a Córdoba si esta misión suya, autoimpuesta, ya acabó? Ella ha anunciado que se dedicará a otras luchas en torno a las partes de nuestro conflicto: esta vez su atención irá dirigida a visitar las cárceles colombianas y verificar la situación humanitaria de los llamados “presos políticos” (los guerrilleros puestos tras las rejas por el Estado), así como el destino de aquellas personas que están desaparecidas por la guerra.
Difíciles causas, podría pensarse, por lo poco atractivo que luce para muchos el primer asunto: la visita y posterior lucha por los derechos de los guerrilleros presos. Pero este tema es uno que las Farc han considerado desde hace mucho tiempo como prioritario dentro de su agenda, ya que en varias ocasiones han propuesto que haya un canje de sus hombres presos por los militares y policías que se encontraban secuestrados.
Hoy, cuando cada vez más se habla de una paz a la que se llegue sin los errores del pasado, bajo la modalidad del diálogo (la mejor manera, a nuestro parecer), esta visita de Colombianos por la Paz, en conjunto con un grupo de instituciones y organizaciones internacionales que trabajan por los presos, se vuelve algo coherente. Algo lógico dentro de un esquema de dos partes en donde ambas tienen que conceder algo. Que suceda después de las liberaciones, y no como condición de las mismas, es algo que puede resultar positivo.
Son varios asuntos los que se desprenden de esta posible visita y verificación de derechos. El primero es apenas evidente: realizar un diagnóstico sobre las condiciones de derechos humanos que vive un grupo particular de la población carcelaria: los “enemigos” declarados del Estado. Es un dato que despierta un interés, por mal visto que sea por algunos sectores, y que puede hablar mucho de la atención (perdida, las más de las veces) sobre la generalidad de los reclusos. Lo segundo redunda en un asunto de verdad histórica y que responde a una pregunta importante: ¿Cuántos de los llamados “presos políticos” existen en las cárceles colombianas? Esto ayudaría a medir al Estado, no sólo en términos de derechos, sino también de eficacia, de combate a la impunidad.
Sin duda, se trata de un paso hacia la paz negociada, si esto es verdaderamente lo que el gobierno de Santos desea. Es cierto que debe hacerse con cautela, ya que incluso los términos mismos del debate generan controversia: mientras unos les llaman “presos políticos”, el Gobierno les niega esta etiqueta, diciendo que eso es propio de las dictaduras o de los países que no tienen libertad de conciencia.
Podría ser un paso, una movida estratégica que sea conducida con calma y sin una sobreexposición mediática, para que se pueda avanzar de alguna forma. Como se ha mencionado varias veces, el gobierno de Santos está en una presunta campaña de acercamiento con los jefes guerrilleros y, de ser cierto, lleva una agenda privada para solucionar el conflicto armado (cosa que respetamos y además apoyamos) por una vía pacífica. ¿No sería este un paso inteligente para dar a continuación? Confiamos en que, al mismo tiempo que se crean los mecanismos jurídicos, se den las movidas políticas adecuadas. El Gobierno ha dicho que está en su potestad todo lo referente a la paz, y es cierto. Valdría la pena, entonces, que el mismo gobierno mire con lupa esta propuesta.