No es la Reforma a la Justicia, ni el marco legal para la paz. Estas reformas ya fueron aprobadas con todo el apoyo posible en el Congreso, casi que a pupitrazo. Hablamos en esta ocasión de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De ser aprobada, servirá para abrir las ventanas del Estado. Pero esta iniciativa, por ser estatutaria, debe aprobarse hoy en la Cámara de Representantes y mañana en conciliación; si no, se caerá.
La Constitución de 1991 avanzó mucho al respecto; el derecho de petición y el acceso a la información son derechos fundamentales. Pero todavía falta. Las normas vigentes son poco garantes y están dispersas en un mar de leyes, decretos y cualquier tipo de regulación existente desde 1913 (increíble) hasta el día de hoy.
Hace un tiempo dijimos que según la encuesta nacional realizada por la firma Cifras y Conceptos para el Proyecto Antonio Nariño (PAN), los funcionarios públicos ven la información como un privilegio y no como un derecho. Cualquier persona —periodista o no— que busque información deberá surtir una serie de obstáculos que desmotivan al más persistente. Los funcionarios preguntarán (irregularmente, claro) para qué la quiere, darán largas a la entrega o la negarán tajantemente. Muchas entidades tienen una concepción extraña: entre menos se sepa qué hacen, mejor.
La alianza Más Información, Más Derechos, conformada por Transparencia por Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), el Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), el PAN y Corporación Ocasa, viene estudiando el tema desde hace tres años. Como producto de su trabajo surgió este proyecto de ley que busca dar orden a lo que hay. Recoge experiencias internacionales, adopta estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional han desarrollado y expulsa vicios alimentados con el tiempo.
Hay que tener cuidado. Estas organizaciones hicieron lo posible por mantener el espíritu de lo propuesto, pero en el debate se suelen colar cosas inesperadas. Las bases del proyecto deben defenderse hasta el final. Si así se hace, muchos secretos verán por fin la luz.
Lo que se apruebe hoy en el Congreso debe aplicar a todas las entidades y órganos que se incluyeron desde el principio. Genera suspicacia que haya empresas y entidades que tengan y manejen recursos y servicios públicos y que no quieran entregar información, retirándose del artículo 5 de la ley y limitando el 19 de la misma, los cuales establecen el ámbito de aplicación y sus excepciones. La propuesta original da unos lineamientos claros para reservar y clasificar información que afecte intereses particulares y asuntos de interés público, como secretos profesionales e industriales y defensa y seguridad nacional. Siendo así, ¿cuál es el temor? El problema es cultural. Todo es público en principio, con excepciones limitadas, definidas y argumentadas. En muchos lugares es al revés: todo es secreto y peligroso.
Los países con normas similares crearon entidades que apoyan la garantía y dan dientes al acceso a la información. Estas funciones serán del Ministerio Público, y se deben dar los medios necesarios para cumplirlas. Esto servirá para que normas como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras o la Ley de Vivienda no queden en el papel ni se perviertan sus fines para convertirse en un desperdicio de dinero.
La transparencia no se adquiere de repente. Este paso es muy importante. El proyecto redimensiona el acceso a la información, va más allá de la simple respuesta y obliga a entregar información proactivamente. Si se aprueba con sus bases intactas, será una herramienta fundamental para todos. Ojalá el Congreso no se duerma en esta ocasión, use esa energía legisladora latente que tiene con los proyectos del Gobierno y saque a la luz una ley con tanto y tan buen respaldo.