Desde este espacio hemos promovido muchas veces que se cree una serie de regímenes especiales en el interior del Código Penitenciario. De esta forma, muchos de los presos que se encuentran hoy tras las rejas, hacinando las cárceles y penitenciarías del país a niveles exorbitantes, podrían cumplir sus penas de distintas formas: sólo los fines de semana, algunos; sólo en el día, otros; en su casa con libertad condicional, el resto. Pero, claro, jamás hemos pensado que ello pueda aplicar a cualquier delincuente. No puede pensarse así para una persona a la que la justicia le haya probado una serie de delitos atroces. Calificando los delitos puede llegarse algún día a esa solución, la más práctica y humana.
Sabemos de sobra también que un proceso de justicia transicional consiste en sacrificar un poco la justicia penal en aras de una reconciliación total entre las víctimas y los victimarios de un conflicto. Se necesitan comisiones de verdad, en aras de la memoria colectiva y de la honestidad, para poder otorgar el perdón. Son necesarias, además, medidas de reparación (colectiva o individual) con las que puedan restablecerse, al menos de forma gradual, derechos que la guerra se llevó. Se hacen justas, asimismo, las garantías de no repetición: esa serie de “seguros de guerra” que puedan permitir la tranquilidad de las víctimas reparadas, nada menos. Pero hace falta, también, justicia.
Y así como hemos defendido la idea del fiscal para unos casos, siempre hemos levantado un cuestionamiento que ahora, cuando el proceso va en la mitad de los acuerdos, según las cuentas largas de Gobierno y Farc, repetimos: ¿y la justicia? ¿No viene siendo hora de que los señores delegados en La Habana asuman de frente ese elemento que falta en toda esta lógica discursiva que han levantado ante el país? Porque de eso más bien poco hasta ahora. Todos los demás aspectos se encuentran, de una forma u otra, dichos y repetidos infinidad de veces. Pero ese no. Y ese es fundamental, por lo menos para el resto de la sociedad colombiana: no sería legítimo un proceso de paz que no contara con la refrendación popular. Y seguro no contará con ella si no hay un mínimo de pena para los guerrilleros desmovilizados.
Pero lo peor es que, mientras aún no se sabe que el tema de la justicia sea centro de la discusión en La Habana, la máxima cabeza de la Fiscalía General esté ofreciendo complacencias en el castigo. Resulta insólito que, antes de que la sociedad colombiana pueda confiar en que existe un verdadero arrepentimiento y compromiso de verdad y reparación por parte de las Farc hacia sus víctimas, para abrir entonces sí la puerta a esa justicia transitoria, quien está a cargo de investigar y acusar vaya dando de entrada muestras de condescendencia con tanto dolor que las Farc han sembrado en este país.
Cierto es que si queremos que las Farc se reintegren de nuevo a la sociedad y puedan convivir en paz va a ser necesario negociar unos términos de justicia que contemplen cierto grado de impunidad. Pero, antes de negociar lo que podría justificarlo, siquiera proponerle al país que todo se podrá saldar con unas horas de servicio social o penas similares lo único que puede generar es indignación y sospechas. Si el fiscal Montealegre pretende enviar mensajes tranquilizadores a La Habana para ayudar a que el proceso avance, mucho nos tememos que lo que está consiguiendo es intranquilizar a los colombianos y restarle apoyos al mismo.