En ocho ocasiones se intentó aprobar en el Congreso un proyecto de ley que prohibiera el asbesto. Cada vez, el lobby de las distintas empresas que todavía usan el material en sus productos y construcciones logró que se diluyera la discusión. Los últimos dos proyectos presentados tuvieron la oposición del Centro Democrático, primero representado por el senador Álvaro Uribe y luego por el presidente del Senado, Ernesto Macías. El mensaje fue claro: el Legislativo no iba a estar a la altura de la gravedad del problema.
No se trata, por cierto, de un tema sin importancia. Desde hace cuatro décadas se demostró que el asbesto puede desencadenar varios tipos de cáncer, como el mesotelioma, cáncer de pulmón, ovarios y laringe. Por eso se prohibió en la Unión Europea en el 2005 y hay 55 países que no admiten su uso. En nuestro país se calcula que cerca de 787 personas murieron por exposición al asbesto entre 2005 y 2014.
La situación es urgente porque el material se sigue utilizando. Hace poco, organizaciones que han abogado por la prohibición denunciaron licitaciones para viviendas de interés social construidas utilizando el asbesto. ¿Por qué seguir exponiendo a los colombianos a un riesgo innecesario?
Por fortuna, el juez Leonardo Galeano, resolviendo una acción popular que fue instaurada en el 2005, decidió tomar cartas en el asunto. Su sentencia adopta varias medidas históricas.
Por un lado, confirma que la nación, Minsalud, Mintrabajo y empresas como Eternit Colombiana S.A., Eternit Pacífico y Eternit Atlántico, Manufacturas F.G.V. Ltda., Incolbest S.A., Empresas Públicas de Medellín, Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Corantioquia y Minera Las Brisas (hoy Bricolsa S.A.S.) violaron los derechos a la salud, la salubridad pública y el medio ambiente al no haber intervenido en el uso de los asbestos.
Por eso ordena a las empresas poner un rótulo en sus productos que diga: “Este producto contiene asbesto”. Por el lado del Estado, le exige al Ministerio de Salud y al del Trabajo implementar una política de sustitución del asbesto en cinco años. El Mintrabajo debe dar cuenta de los trabajadores que en la actualidad se encuentran expuestos al asbesto. Por su parte, la Empresa de Acueducto de Bogotá y las Empresas Públicas de Medellín tienen la obligación de realizar un inventario de redes que contengan asbesto e iniciar un programa de sustitución.
Saludamos la decisión. Es una lástima que, en un tema álgido, de nuevo el Congreso haya obligado a la rama Judicial a actuar. Se trata, en todo caso, de una victoria de las organizaciones de víctimas que han insistido en el tema por 12 años. Esperamos que la protección a la salud de los colombianos se mantenga.
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