Por fin llegó algo de justicia para los delitos que se cometieron durante el paro nacional con la lamentable complicidad de miembros de la Fuerza Pública. El 28 de mayo del año pasado en Cali, mientras los manifestantes estaban en las calles, se hizo famoso el video de Andrés Escobar disparando al lado de policías que no se inmutaron ante lo que estaba ocurriendo. Ahora, más de un año después, Escobar, otros ciudadanos y varios policías fueron imputados por la Fiscalía. Adicionalmente, cuatro uniformados enfrentan un proceso formal por tortura agravada y privación injusta de la libertad de varios civiles en esos días.
La justicia es la única herramienta con la que contamos para evitar que el resentimiento crezca entre ciudadanos que sienten que para unos delitos hay severidad y para otros hay complicidad. Lo dijimos cuando el paro nacional estaba ocurriendo: es un golpe a la legitimidad de todo el Estado que haya abusos de la Fuerza Pública y pasividad ante actos de agresión de civiles a manifestantes libres. De no procesarse, quedaría la sensación de un amargo doble rasero para ciertos delitos.
Todo hay que decirlo: la Fiscalía ha tardado en exceso. Más de un año para casos con evidencias tan contundentes es demasiado tiempo. Y aun así, ayer, antes del cierre de esta edición, Francisco Córdoba, Andrés Felipe Chicaiza, Juan Antonio Córdoba, Diego León Quiroz y Andrés Escobar fueron, finalmente, imputados por usurpación de funciones públicas y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos. En particular, a Escobar, quien aprovechó su fama viral para convertirse en un defensor de argumentos violentos y preocupantes, también lo imputaron con el delito de amenaza. Era lo mínimo. Todos vimos cómo las personas involucradas aprovechaban el caos para sembrar terror con sus armas y actuaciones.
También hay que resaltar que ocho oficiales de Policía estén imputados por el delito de prevaricato por permitir que los civiles atacaran a los manifestantes. Eso fue, quizá, lo más frustrante de los videos y las fotografías que se difundieron sobre lo que acontecía en Cali: ver a representantes de la Fuerza Pública, encargados de proteger a todos los ciudadanos, sumirse en una negligente pasividad mientras ciertos civiles amenazaban a quienes protestaban. En una Colombia con dolorosa historia de asociación entre paramilitarismo y miembros de la Fuerza Pública, esa situación tétrica trajo ecos angustiantes. Ya era hora de que rindieran cuentas ante la justicia, pero la Policía sigue con la deuda de ofrecer disculpas públicas.
Más allá de ese caso, mediático por los involucrados, la imputación más preocupante es la que se hizo contra cuatro policías que decidieron torturar a civiles a su antojo. La realidad que evidencia el actuar de la Fiscalía contrasta con las declaraciones que dieron en caliente los altos mandos de la Policía y el mismo presidente, Iván Duque, quienes con no poco desdén se negaron a reconocer que había miembros de la Fuerza Pública abusando de sus poderes.
Frustrante sigue siendo que todavía estamos muy lejos de conocer todo lo que pasó durante el paro. La Fiscalía se ha movido, pero de manera selectiva y a paso lento. Cuando no hay verdad ni reparación es difícil pasar la página. Así no podremos superar el dolor.
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