LA APROBACIÓN EN EL CONGRESO de la República de facultades para reformar la administración pública es fundamental para desarrollar el buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana, uno de los soportes transversales de la «Prosperidad Democrática» del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
Entre muchos otros, el Gobierno Nacional tiene el reto de recuperar la debilitada institucionalidad de tres ministerios —los de Justicia, Medio Ambiente y Trabajo— reversando la decisión tomada en 2002 durante el primer mandato del presidente Álvaro Uribe, con el argumento de hacer más eficiente su gestión.
Después de ocho años, quedó demostrado que la eficiencia es mucho más que crear o eliminar entidades a partir de la expedición de unas normas. La eficiencia y su correlato, la eficacia, son características que les permiten a las instituciones alcanzar sus objetivos y obtener los resultados esperados de la mejor manera posible. Sin embargo, son insuficientes para lograr una gestión pública participativa, transparente y proba. Uno de los requisitos para alcanzar estas metas es garantizar el derecho de acceso a la información pública.
La semana pasada se realizó en Bogotá un seminario internacional sobre Acceso a la Información Pública*, y una de las conclusiones a las que se llegó es que garantizar este derecho no solamente es una condición para el buen gobierno, sino para alcanzar una democracia de calidad, donde todos ganan: el Estado, el sector privado y la ciudadanía.
Además de ser un derecho en sí mismo, el acceso a la información es un garante de otros derechos. Por ejemplo, la precariedad o la falta de información impiden que los ciudadanos ejerzan el derecho a la participación política y limitan su acceso a servicios básicos como la educación y la salud, o a los subsidios estatales. Así, en los 168 municipios evaluados en la última medición del Índice de Transparencia, se encontró que la publicidad sobre los programas sociales en general es baja. Para mencionar sólo unos casos, en cuanto a cupos escolares y planes de alimentación, sólo el 2,7% de municipios publica el listado de beneficiarios y el 11,49% los criterios de elegibillidad; en programas de subsidios de vivienda sólo el 4,05% y el 13,51% lo hacen, y en el programa Familias en Acción las cifras son el 6,7% y 17,5%, respectivamente. Esto significa que a muchos ciudadanos se les niega el derecho a estos servicios por falta de información o, en el mejor de los casos, porque, por no tener acceso a ella, compiten en condiciones desiguales para recibirlos.
Producir información de calidad, comprensible, suficiente y en tiempo real, es una oportunidad y un reto del Gobierno para fortalecer el soporte transversal del buen gobierno, la lucha contra la corrupción y la participación ciudadana. Esto pasa por la construcción de una política pública y por el fortalecimiento de la institucionalidad que viabilicen estos propósitos, a partir del reconocimiento del acceso a la información pública como un derecho.