Desde la Unidad de Restitución de Tierras hemos avanzado progresivamente en la instauración de 54 magistrados y jueces especializados, quienes están dedicados a resolver los casos de desplazamiento forzado y despojo de tierras en cerca de 600 zonas priorizadas en el país, gracias a un trabajo conjunto con los ministerios de Defensa y de Justicia.
Años atrás, en el país, la ley del más fuerte se aplicaba de manera insensata en distintos municipios donde el conflicto armado era el que regía a través de sus políticas inapropiadas. Era imposible para cualquier colombiano que viviera allí ejercer su derecho de acceder a una justicia digna. Como consecuencia, los ciudadanos fueron perdiendo las esperanzas y, lamentablemente, adaptándose a estas circunstancias, aterrados por el miedo a perder su vida, su familia o su tierra.
Paso a paso, el ánimo del Gobierno en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha ido despejando este panorama, logrando que aquellos campesinos despojados estén recibiendo una restitución de manera integral.
Por primera vez hemos sentido un real liderazgo ejecutivo que se pone el reto de trabajar para llevar la justicia a todos los rincones del territorio nacional. Así, más de 23 mil personas, víctimas de despojo o abandono forzado, han podido ejercer su derecho a un debido proceso, logrando recuperar su tierra y, además, han recibido un apoyo económico por parte de la Unidad para sacar adelante sus proyectos productivos.
Como nunca antes, en medio de un país en transición con zonas donde aún no ha cesado el conflicto, el Gobierno se ha dado a la tarea de luchar contra la impunidad que resultó de la aplicación de una justicia informal años atrás. A la fecha hemos logrado dejar en manos de los campesinos más de 201 mil hectáreas de tierra.
El proceso de restitución reune los esfuerzos del Gobierno, la Fuerza Pública y la Justicia para lograr la transformación de zonas que por más de cinco décadas han sido afectadas por la violencia. Como garantía del trabajo liderado, se han compulsado a la Fiscalía 170 casos en donde personas inescrupulosas han tratado de timar el proceso. De la misma manera, se ha logrado que reconocidos despojadores, en diferentes regiones del país, estén tras las rejas. Un resultado sin precedentes y prueba de que la impunidad no es una opción en el marco de un escenario de paz y justicia transicional.
Enfrentando la lucha contra dicha impunidad, desde la Unidad seguimos reafirmando nuestro compromiso con los campesinos golpeados por la violencia, amparados en una ley prudente que garantiza justicia para el campo y para todos.
* Director Unidad de Restitución de Tierras