Esta actitud prudente no parece obedecer a la preocupación de romper uno de los huevitos heredados, sino, quizá, a la experiencia de que la disciplina partidista y los pactos se rompen fácilmente en el Congreso, cuando se trata de votar proyectos económicos.
El proyecto de ley sobre formalización y primer empleo propone un beneficio tributario para estimular la contratación de jóvenes, aunque sin una fórmula novedosa; ya se puso en práctica un mecanismo muy similar en el pasado, pero duró cuatro años y fracasó. Por el contrario, la eliminación de la deducción especial por la compra de activos productivos, el más costoso de los sacrificios fiscales de los últimos años, permitirá al erario recuperar ingresos significativos, a los cuales nunca debió renunciar, porque no tuvieron contraprestación.
Otra medida, que ya se puso en práctica a través del Documento Conpes 3687 y el Decreto 4145 de 2010, consiste en gravar nuevamente los intereses sobre el endeudamiento externo, incluido el leasing. Hace unos cuantos años pudo haber razones para atraer los créditos del exterior, privilegiándolos sobre los domésticos, pero ahora la situación es diferente y, además, esa medida puede estar impulsando más ingresos de divisas.
También hay propuestas dirigidas a ponerles coto a los abusos, a través del control sobre la devolución del IVA a las exportaciones y el freno a la evasión del cuatro por mil mediante la oferta de novedosos productos financieros, en parte gracias a la inactividad de la DIAN; otras iniciativas, que por supuesto hay que aplaudir, apuntan a reducir los trámites burocráticos ante las administraciones tributarias. Se eliminarían las declaraciones tributarias en ceros y las autorizaciones periódicas para la numeración de las facturas, aunque para esta última bastaría una resolución.
En síntesis, sin que se pueda hablar de propuestas muy ambiciosas, el gobierno Santos está dando algunos pasos hacia la recuperación de los tan anhelados principios de equidad, eficiencia y progresividad tributaria que pregona nuestra Constitución.
Claro que además de los enemigos tradicionales, como la corrupción, la evasión y los intereses políticos, tendrá que enfrentarse a dos enemigos declarados de los mencionados principios, que heredó de su antecesor: los contratos de estabilidad jurídica y las zonas francas especiales. Y también a las chambonadas, como el boquete que abrió la ley del impuesto de patrimonio, dando margen para que los contribuyentes reduzcan las bases gravables hasta el año 2010, lo cual, además de tener un impacto sobre el recaudo, puede influir artificialmente en la burbuja accionaria de final de año, rompiendo el principio tributario de la neutralidad.
Pero para que el sistema funcione no bastan las normas; es necesario que los contribuyentes crean en el buen uso de sus impuestos, de manera que la lucha contra la corrupción debe ser evidente y frontal. Además, se requiere una administración tributaria eficiente y transparente; por fortuna este Gobierno la puso en muy buenas manos.