Pocas imágenes logran atemorizarnos tanto como las de una prisión. Cuando pasamos al lado de una cárcel, en las goteras de la ciudad o en los límites de su casco urbano, nos horrorizan las rejas, las alambradas de púas, los muros enmohecidos, las ventanas exiguas que reducen la mirada a un panorama gris, de agresivo hacinamiento.
No obstante, existe una forma más melancólica del encierro: cuando en lugar de barrotes, la cárcel tiene chambranas. Cuando la prisión está circuida de árboles, montañas, ríos, animales, aire limpio, tierra fértil…
El acuerdo de desminado que se logró en La Habana tiene las llaves de las celdas de miles de campesinos, prisioneros en su propio terruño.
Remover las minas antipersonas (MAP) es otra forma, superior, de la restitución de tierras, de la reparación de víctimas inocentes. Y es superior porque aquí no hablamos solamente de un valor material, de restituir la propiedad en términos pragmáticos, de la posibilidad de subsistencia del cuerpo (en la tierra está el alimento); en medio de esta decisión están las libertades… de la campesina que sale a ordeñar o a colgar la ropa recién lavada, de los niños que van a bañarse a los charcos o corren afanados para la escuela, del labriego que le da vuelta a su cosecha y busca unas polas al final de la jornada.
Ante el anuncio, los analistas han alimentado el caudal de titulares: “Paso definitivo para el desescalamiento”, “Abrebocas de un cese bilateral” y, por supuesto, se regodean en las cifras: el costo de producir una MAP varía entre 3 y 30 dólares; removerla cuesta de 300 a 1.000 dólares; desde 1990 a enero de 2015 han dejado 8.834 heridos y 2.209 muertos en Colombia…
Bien dice el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño: “Una mina es una declaratoria de guerra perpetua”. El repudio absoluto que generan las MAP no sólo tiene origen en su violación del principio básico de la distinción (perjudican por igual a combatientes y civiles), sino en la forma circunstancial de enterrarlas (es torpe hablar de “plantar minas”: al plantar, nace una vida). La remoción de MAP no funciona como una fórmula precisa de asignación de responsabilidades; es crucial que las Farc y el Ejército participen, por supuesto, pero es la memoria individual y colectiva la que traza los mapas: aquí murió un ternero, allí mutiló a una persona, por allá estalló sin más… Campesinos, personeros municipales, soldados y guerrilleros son los encargados de repasar y borrar esa geografía de dolor.
Nosotros, animales de ciudad, no tenemos ni idea de lo que significa una zona minada, si acaso nos preocupamos por no transitar aquellas áreas “peligrosas” de nuestro entorno, los rincones que cargan estigmas ancestrales o que no encajan en la visión quirúrgica que quiere aplicarse a la urbe contemporánea.
La ciudad pavimenta incluso la perspectiva humana: ante todo, el proceso de paz se trata del campo, de devolverles una vida digna a los campesinos.