AUNQUE EL EDITORIAL DEL 14 DE diciembre, titulado Que no vuelvan las masacres, aborda la masacre de Amalfi para develar sus tres posibles causas, queda corto, creo, al establecer una relación con los diálogos de La Habana.
Para empezar, la nota considera, aduciendo que las víctimas pertenecerían al Eln, que la masacre fue perpetrada por el clan Úsuga como retaliación hacia el grupo armado. Con base en esto indica que hay que tomar en serio al clan, pues empieza a ser un actor reconocido del espectáculo criminal y, como cualquier estructura criminal, debe ser desarticulado. Empero, no es evidente cómo esta hipótesis afectaría el proceso de paz; en especial porque el clan no está dialogando en La Habana.
Si hay algo para decir que relacione los hechos, la hipótesis y el proceso sería que fenómenos como el del clan Úsuga, conformado por exmilitantes de los Urabeños, hacen patente un reto que debe afrontarse en caso de un eventual acuerdo de paz: concebir una política de reinserción que impida a los exguerrilleros volver a las armas con la misma capacidad delictiva de antes.
Otra hipótesis es que el Eln pudo cometer la masacre porque las víctimas se rehusaron a colaborarles. El argumento es, básicamente, que si el anhelo de paz del Eln es legítimo, la masacre solo se explica asumiendo que hay frentes insurrectos. Y esta insurrección es justificable sobre el supuesto de que los autores de la masacre consideran más relevante el negocio del narcotráfico que la paz. Sin embargo, otra vez, no es claro el vínculo con los diálogos de La Habana. De hecho, sería apresurado comparar unos acercamientos preliminares con el Eln y el proceso, ya en curso, con las Farc.
Hay, empero, dos temas que sí vendrían al caso.
Primero, no es justificable el nexo entre el narcotráfico, un delito común, y la rebelión, uno político. La causa política de una rebelión pierde legitimidad cuando interviene el narcotráfico; esto se debe a que las acciones “revolucionarias” no terminan persiguiendo fines ideológicos sino lucrativos. En este escenario la firma de la paz debe pasar por la reparación de las víctimas, pues la muerte de civiles no sería un daño colateral, propio de toda rebelión, sino un delito común que no depende del indulto político.
Segundo, mientras las negociaciones se den en el contexto de la guerra, y mientras las partes concuerden en que así sea, quedan tristemente legitimadas, a modo de reglas de juego, sus prácticas atroces. Es forzoso entonces concebir un escenario de negociación en el que el conflicto se desescale o, si sigue enmarcado en la confrontación, ofrezca garantías a la población civil.
a última hipótesis contemplada por el editorial es que, dado que algunas víctimas eran familiares de alias Don Mario, la masacre estaría relacionada con declaraciones suyas. De ello se sigue que hay quienes están interesados en acallar al exjefe paramilitar y que se debe proteger a las familias de quienes participaban en el conflicto.
Acá la conexión con los diálogos es clara.
Ante un eventual acuerdo, los otrora participantes del conflicto están en la obligación de contar la verdad. Pero este relato necesita garantías para salir a la luz. Así, debe crearse un mecanismo de justicia que sea ágil en sus pesquisas para encontrar y enjuiciar implicados y que brinde la seguridad que los actores del conflicto y sus familias requieren.
Como ya sugería el editorial, las tres hipótesis preocupan por igual, las tres generan serios cuestionamientos y las tres, añadiría yo, abordan temas sin los cuales no habrá reconciliación.