En respuesta al editorial del 7 de julio de 2024, titulado “Una constituyente no soluciona los problemas”.
Los colombianos debemos asumir con madurez democrática la propuesta de convocar al poder constituyente. Nuestro apoyo o nuestro rechazo no puede depender de nuestra opinión del presidente Gustavo Petro, sino que debe ser fruto de una reflexión acerca de la necesidad de modificar el diseño institucional. Esto frente a la realidad innegable de que el Estado no ha sido capaz de cumplir con sus promesas de justicia, igualdad y paz. En este escenario, una constituyente sí contribuye a solucionar los problemas del país, porque gran parte de los obstáculos para materializar los cambios que demanda la sociedad dependen de cambios constitucionales. Entre otras, en las siguientes dos cuestiones.
Primera, la cuestión de la legitimidad. Es decir, por qué obedecemos a los que nos gobiernan. La abstención –en las últimas legislativas no votó el 52 % de los empadronados– y la impopularidad de las instituciones –el Congreso tiene el 80 % de desaprobación– demuestran que existe una desconexión entre gobernantes y gobernados que no depende de las calidades personales de los candidatos, sino de la estructura del sistema político electoral. Modificar esto requiere una reforma constitucional en la financiación pública de las campañas, la obligatoriedad del voto o la forma en que elegimos a los legisladores. Otro tipo de distritos electorales, por ejemplo, nos permitiría hablar en cualquier tiempo con nuestros representantes. Podemos crear un sistema que dote de mayor legitimidad a quienes elegimos –en lo nacional, territorial o municipal– y, por lo tanto, que sus decisiones sean cumplidas por la sociedad.
Segunda, la cuestión de las competencias de los órganos constituidos. Es decir, qué autoridades estatales pueden hacer qué, y por qué. El diseño antipolítico de la constitución desplazó el grueso de las decisiones sobre lo público de los órganos que elegimos (como el Congreso o el presidente) a los que no elegimos (como la Rama Judicial). Paralelamente, se instaló el discurso de que la política es algo “malo” y que, en consecuencia, es mejor que nuestro destino lo decidan los “técnicos” y los jueces. Una democracia no puede sostenerse sobre un modelo estatal que debilita nuestras posibilidades –las del pueblo– de cambiar el país mediante las elecciones.
Así, asuntos como la intervención judicial en la política y en la economía, las serias restricciones que los jueces han impuesto al Congreso para legislar o para reformar la Constitución –otra de las razones que justifican que los cambios se hagan mediante una constituyente– o las casi ilimitadas facultades de la Corte Constitucional deben ser objeto de discusión en una constituyente.
La Constitución de 1991 está cada vez más lejana del país que pretende organizar. Ejemplo de ello son las 45 reformas de las que ya ha sido objeto en apenas 33 años. Abrir este debate es valioso, porque nos confronta respecto de nuestra capacidad creadora, una soberanía que reside en el pueblo. El país que soñamos también pasa por nuestra reflexión honesta respecto de la eficacia del diseño institucional, más allá de que la propuesta venga del gobierno de turno.
* Abogado de la Universidad del Rosario. Mg. en derecho constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España.